Los primeros colegios concertados en solares públicos se licitarán en un mes

Los Centros de Iniciativa Social (CIS) verán la luz en el plazo de un mes, una vez la Conselleria de Educación publique los concursos públicos para optar a su construcción y gestión durante los próximos 75 años. Así lo explicaron fuentes del departamento de Campanar, que prevén una licitación «inminente» de las infraestructuras. El paso supone poner un punto y seguido a uno de los proyectos más ambiciosos y polémicos del Consell, que acumula un importante retraso teniendo en cuenta que esta opción se anunció hace casi cuatro años, estando al frente de la conselleria Alejandro Font de Mora. Incluso se habló de ponerlos en marcha el curso 2011-2012.

Las mismas fuentes añadieron que en una primera fase se impulsarán tres licitaciones. Se trata de un centro en Valencia, en la zona nueva del barrio de Patraix, y otros dos en Elche y Calpe, siendo estos últimos los dos procedimientos más avanzados. En los tres casos Educación ya dispone de las parcelas cedidas por los ayuntamientos y han sido dadas de alta en el inventario de bienes de la Generalitat tras un largo proceso administrativo. Se han precisado numerosos informes jurídicos y de la Dirección General de Patrimonio para garantizar la legalidad de la concesión, y de la Conselleria de Hacienda para autorizar el gasto extra que supondrá la firma de nuevos conciertos una vez empiecen a escolarizar alumnos. En síntesis, la idea es posibilitar la creación de centros promovidos por el sector privado sobre parcelas públicas que tengan un uso urbanístico de carácter educativo, con el compromiso de facilitar el concierto de las diferentes etapas a medida que se vayan activando. A cambio, además de encargarse de las obras de construcción y de la gestión de la escuela a modo de concesión, deberán abonar un canon anual a la administración por el disfrute del terreno. Pasado este tiempo, la propiedad volverá a la Generalitat.

El beneficio para la administración está en que se ahorra un edificio de nueva planta, aunque sí deberá sufragar los costes de personal y los gastos de funcionamiento, como en todos los concertados. El adjudicatario, por su parte, podrá recuperar la inversión mediante vías de financiación como los servicios de comedor y transporte o actividades extraescolares, deportivas o de formación. Tampoco se puede olvidar que el coste público de una plaza escolar en un centro concertado es inferior al de un puesto en la red de titularidad de la Generalitat, por no hablar de que la medida casa con la filosofía de facilitar la libertad de elección reflejada en el programa electoral del Partido Popular y con un modelo de colaboración público-privada que agrada al Consell. La iniciativa ya funciona en Madrid, y se espera que varias de las empresas que gestionan centros en la capital también aterricen en la Comunitat.

Las fuentes oficiales citadas no entraron en más detalles sobre el contenido de los pliegos, aunque insistieron en que uno de los criterios más importantes en la valoración de las ofertas será el proyecto educativo que se presente. Por ejemplo, puede premiarse la inclusión de programas plurilingües o la dotación de nuevas tecnologías en las aulas. Tampoco se sabe más sobre los plazos de puesta en marcha, aunque parece imposible que lleguen el próximo ejercicio. Hay que tener en cuenta que construir un centro de dos líneas cuesta una media de 16 meses, un tiempo al que hay que sumar el necesario para la resolución del concurso. Eso sí, se baraja la opción de una implantación por fases, por ejemplo, poniendo en marcha las aulas de infantil mientras se finalizan los pabellones del resto de etapas, una idea que acortaría plazos de ejecución.

El escenario educativo ha cambiado radicalmente desde que en 2010 se planteó la medida, sobre todo por la caída de la natalidad, por lo que ya hay voces que alertan de que los nuevos CIS aumentarán la competencia entre centros concertados, aunque una de las premisas que ha defendido Educación es construirlos en zonas donde haya demanda sin cubrir. Tampoco ayuda la situación económica de las empresas y titulares, que a los impagos suman las dificultades para acceder a fuentes de financiación para poder soportar una inversión que asciende a varios millones de euros.

También se baraja ubicar centros de este tipo, en fases posteriores, en Alicante, Santa Pola y La Vall d'Uixò.