La estafa de la Nueva Esperanza

Fue quizás la primera estafa inmobiliaria y financiera de envergadura que se fraguó en España, en pleno régimen franquista y con alcance nacional. La constructora 'Nueva Esperanza', que tenía su sede en Valencia, dejó plantadas a 10.615 familias que en los años sesenta adelantaron su dinero para adquirir el ansiado piso y se quedaron sin una cosa y la otra.

Los afectados se repartían por Valencia, Castellón, Alicante, Alcoy, Madrid, Alcalá de Henares, Sevilla, Málaga y Barcelona, donde se fueron multiplicando las denuncias al comprobar que las obras no avanzaban, o ni siquiera empezaban.

El juicio tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Madrid porque allí se presentaron las primeras demandas, pero, dado el alcance nacional, el Tribunal Supremo designó un juez especial, Salvador Barberá García, magistrado de Valencia, y le otorgó jurisdicción nacional.

Como dato curioso, entre los letrados de la acusación particular figuró el político Joaquín Ruíz Jiménez, que fue ministro de Educación con Franco y después, con la democracia, encabezaría un partido de corte demócrata-cristiano y progresista y fue defensor del pueblo.

Todo empezó cuando el 14 de noviembre de 1963, Joaquín Beltrán Estellés y Heliodoro Herrero Martínez constituyeron en Valencia 'Construcciones Nueva Esperanza, S.L.', con un capital social de 200.000 pesetas de las que únicamente llegaron a depositar 39.000.

El objeto era construir viviendas en régimen de comunidad, para lo que desplegaron una gran actividad publicitaria encaminada a captar compradores, a los que requerían el pago de ciertas cantidades en concepto de entrada. Estos pagos a cuenta oscilaron entre 50.000 y 150.000 pesetas, con una gran variabilidad entre unos casos y otros.

Beltrán y Herrero procedieron después, el 14 de febrero de 1966, a ampliar ficticiamente el capital de la empresa en cinco millones de pesetas, cantidad que dividieron en participaciones atribuidas al propio Beltrán y a María Teresa Barrera, esposa de un tío suyo, Francisco Beltrán Llácer. Al mismo tiempo, Joaquín Beltrán constituyó, de acuerdo con su esposa, Ángeles Tarazón, otras dos aparentes sociedades: 'Firesa' y 'Construcciones Tarazón Martínez', ambas igualmente con capitales ficticios, para simular coberturas que eran inexistentes.

Las primeras denuncias las realizaron a primeros de julio de 1967 unos doscientos afectados de Madrid ante la Brigada de Investigación Criminal, tras comprobar durante meses que no avanzaban o ni empezaban las obras prometidas y además les negaban la devolución del dinero entregado a cuenta. Los afectados eran principalmente familias modestas y jóvenes que iban a casarse.

A partir de ese momento se mutiplicaron las denuncias en todas las ciudades donde 'Nueva Esperanza' tenía promociones, tomaron parte los jueces y se realizaron las primeras detenciones para tomar declaración a los denunciados. El sumario acumuló más de 240.000 folios.

El juicio por estafa y falsedad empezó en Madrid el 15 de junio de 1976, nueve años después de haberse iniciado el sumario, y cuentan las crónicas de la época que se abrió la vista con escasa asistencia de perjudicados, seguramente porque, con el tiempo transcurrido, la mayoría de ellos ya habían podido resolver hacía tiempo sus problemas de vivienda, aparte de que la depreciación de la moneda reducía a cantidades menores lo que en su día tuvo la importancia de sacrificados desembolsos.

Quedó demostrado que los responsables de 'Nueva Esperanza' no disponían de dinero para realizar las operaciones que emprendieron, sólo contaban con el capital que iban aportando los compradores de las teóricas viviendas, pero, en esa especie de juego piramidal, lo que unos llevaban se destinaba a comprar solares para otros o realizar obras parciales, con lo que al final todo el conglomerado se vino abajo. Aún así, entre los ingresos y los gastos probados había un desfase de más de cien millones de pesetas sobre los que no se conocía su paradero.

Los abogados llegaron a señalar que con el dinero que destinó 'Nueva Esperanza' a publicidad intensiva se habrían podido construir al menos cinco mil viviendas.

De los 27 procesados sólo se sentaron en el banquillo 21 y únicamente cuatro fueron condenados a entre 7 y 11 años de cárcel: Joaquín Beltrán, Manuel Dus, Eugenio Navarro y Francisco Beltrán.