Los casos de desahucios atendidos en la oficina de mediación repuntan en 2014

La Oficina de asesoramiento y mediación en conflictos hipotecarios y de arrendamiento de viviendas del Ayuntamiento de Alicante ha tenido en los dos primeros meses de 2014 un importante repunte de los casos atendidos y de los expedientes abiertos, 134 y 23, respectivamente, respecto a los dos últimos meses de 2013, en los que se atendieron unos 75 casos y se abrieron 11 expedientes.

Las viviendas objeto de conflictos hipotecarios están repartidas por toda la ciudad, desde las partidas rurales a la zona de playas, aunque el grueso se sitúa en barrios como los de la Zona Norte, Los Ángeles, Altozano, Campoamor, Carolinas, Florida-Portazgo o Ciudad de Asís.

Según el balance ofrecido ayer en la comisión de seguimiento de esta oficina, en 2013 se abrieron de media 10 expedientes al mes, que se resuelven en uno o dos meses de media. El pasado año se abrieron en total 99 expedientes por conflictos hipotecarios y uno de arrendamiento.

De todos los expedientes, 66 han finalizado, con los siguientes resultados: 38 de ellos han sido únicamente de asesoramiento, 10 han acabado con la novación del préstamo, cuatro han formalizado la dación en pago, dos han logrado la dación en pago y un alquiler social de la entidad bancaria y otros dos suman a la dación en pago un alquiler social.

En el resto de los casos, los expedientes llegaron a la oficina cuando ya se había iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria, por lo que solo se ha podido retrasar el lanzamiento un año o bien se les ha solicitado una vivienda del fondo social o de promoción pública.

EU pide «más contundencia»

El portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, pidió ayer al equipo de gobierno «más contundencia» a la hora de exigir a los bancos que ofrezcan sus viviendas para alquileres sociales. «Tienen que poner más viviendas de su propiedad a disposición del programa municipal porque el convenio del fondo social de viviendas es totalmente insuficiente», consideró Pavón, tras asistir a la comisión.

«El plan que se nos ha avanzado para coordinar con las entidades bancarias la normalización de las ocupaciones ilegales de viviendas de los bancos y arrendarlas mediante alquiler social, siempre y cuando no se desahucie a las personas que ocupan esas viviendas sino que se normalice su situación, puede ayudar algo, pero se debería ser más contundente, con medidas fiscales que castiguen o retirando las cuentas municipales de las entidades que no colaboren con el programa», señaló.