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JOSÉ M. ORTUÑO
Viernes, 4 de abril 2014, 09:33
La nueva normativa que regula el uso del cigarrillo electrónico ya es una realidad. El Senado rechazó todas las enmiendas que se habían presentado contra la Ley para la Defensa de los Consumidores y por tanto ha entrado en vigor desde el momento en que ha salido publicada en el Boletín Oficial del Estado. En estos momentos, aquellos que incumplan sus preceptos ya pueden ser sancionados con una multa que va de 601 a 10.000 euros.
A partir de ahora, «el consumo de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos similares queda sometido a las mismas previsiones establecidas para consumo del tabaco», indica el Gobierno en el BOE. Es decir, que las infracciones que se realicen relacionadas con el hecho de vapear, tendrán idéntica multa a las relacionadas con los cigarros convencionales.
Durante el 2013 se extendió el consumo de este tipo de dispositivos -que pueden llevar o no nicotina-. Ante el aumento de usuarios y de tiendas que lo vendía, muchas de ellas ilegales, los médicos se vieron en la obligación de advertir sobre sus posibles riesgos. Así, la doctora Ana Ferrer, que colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, explicaba a este periódico en el mes de noviembre que los cigarrillos electrónicos «no son tan inocuos como los venden, puesto que llevan nicotina, que es adictiva». Por su parte, el experto en toxicología Benjamín Climent, añadía que cualquier «cardiópata te dirá que está contraindicado».
Ante la aparición de varias voces sanitarias contrarias, el Consell tomó la decisión de enviar una circular a centros de salud, colegios y residencias con la recomendación de que no se permitiera el uso de estos dispositivos al poder ser contraproducente para la salud, mientras se decidía desde el Gobierno central qué decisión se tomaba al respecto.
En febrero, el Congreso aprobaba la Ley del Consumidor, que pasaba hasta el Senado. Como en la Cámara Alta no se ha aceptado ninguna enmienda, ya se conocen cuáles son los lugares en los que no está permitido vapear y las consecuencias económicas que conllevan.
En una dirección muy similar a la emprendida por al recomendación de la Conselleria de Sanidad, se ha decidido que el cigarrillo electrónico no pueda ser utilizado «en dependencias de la Administración pública, en establecimientos sanitarios, en centros educativos, salvo en los espacios al aire libre de los centros universitarios y de los exclusivamente dedicados a la formación de adultos, en medios de transporte público, incluidos los aviones de compañías españolas, y en los parques infantiles o zonas de juego para la infancia».
En cuanto a las sanciones, la Ley del Tabaco establece varios tipos de infracciones. «Las leves serán sancionadas con multa de hasta 30 euros si se fuma (en este caso vapea) en lugares prohibidos, pero se realiza de forma aislada y de 30 a en los demás casos».
Por otra parte, también se ha regulado la publicidad de estos dispositivos y los avisos que debe haber en los lugares donde está prohibido vapear. Desde la Conselleria de Sanidad aseguraron ayer a este periódico que las advertencias «se instalarán donde corresponda».
La normativa se vuelve más estricta para aquellos que permitan el uso de estos dispositivos electrónicos donde no lo permita o que, incluso, habiten lugares para ello. Ambas circunstancias, igual que acumular tres faltas leves, será considerado como una infracción grave y la multa irá desde 601 euros hasta los 10.000.
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