La guerra contra los apartamentos turísticos ilegales llega a los juzgados

La oferta ilegal de los apartamentos turísticos, es decir, aquellos ubicados en edificios de viviendas que son alquilados por particulares a través de empresas, ha llegado a los juzgados debido a las molestias y la inseguridad generadas entre los residentes.

Y, de momento, la justicia ha dado la razón a los vecinos, ordenando «la cesación definitiva de esa actividad». Lo ha conseguido la comunidad de propietarios del edificio residencial Politaria (330 propietarios), ubicado frente al Palau de les Arts, que acudieron al juzgado para denunciar el servicio turístico que se desarrollaba en ocho de las viviendas tras comprobar que se anunciaban en internet como alojamientos hoteleros.

Hartos de ver el trasiego de gente (sobre todo jóvenes) los fines de semana, y con más asiduidad en vacaciones, con maletas y haciendo uso de las zonas comunes, como la piscina, y del servicio de conserjería como si fuera la recepción de un hotel (petición de taxis, etc.), decidieron poner su problema en manos de un abogado.

Tanto el letrado que ha llevado el caso, Pedro Palanca, como el administrador de la finca, Vicente March, de Administraciones Vimar, explicaron que este tipo de actividades está prohibida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aunque muchos propietarios inscriben sus viviendas en el registro de la Conselleria de Turismo y con eso «creen que tienen el justificante para la explotación hotelera». En muchas ocasiones, por la necesidad de conseguir dinero, se alquilan a empresas turísticas.

Fue necesario recurrir a un detective para «poder acreditar las actividades molestas» y que, por ejemplo, había personal de limpieza que acudía cuando se iban los turistas a poner orden en la vivienda «y cambiar las sábanas como en un hotel» o que éstos acudían a la piscina «porque el folleto publicitario la incluía como reclamo».

Vulneración de estatutos

La sentencia, que ya se ha hecho efectiva, considera que el «alquiler de apartamentos por días con fines turísticos» vulnera el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal «por tratarse de una actividad prohibida por los estatutos del inmueble».

Por su parte, los abogados de las dos empresas demandadas argumentaron que tan sólo actuaban de intermediadores en el arrendamiento de apartamentos y que el alquiler de «6 o 7 viviendas por periodos temporales, en un complejo formado por 330, no acredita por si las molestias, daños o peligros para el resto de comuneros», según recoge el documento.

Palanca detalló que no es la primera sentencia sobre esta problemática (un inmueble de la calle San Vicente dio el primer paso) pero sí que llega en un momento «en que es necesario modificar la normativa para evitar la proliferación». De hecho, el abogado tiene entre sus manos un caso similar en Torrent y desde la comunidad de vecinos de Politaria apuntaron que les constan apartamentos ilegales en la Finca de Hierro, en Hermanos Maristas y en la Patacona.

También los vecinos de un edificio situado en el número 39 de la plaza del Mercado se han movilizado contra una empresa de apartamentos turísticos que también alquila viviendas para estos fines, con las consiguientes molestias e inseguridad, «ya que el zaguán permanece abierto por la noche», denunciaron. Aquí el ayuntamiento ha abierto un expediente de oficio tras varias llamadas a la Policía Local.