El cobro de multas se mantiene estancado y sólo se recauda una de cada tres sanciones

El último estado de ejecución del presupuesto municipal ha vuelto a desvelar el poco éxito en el cobro de multas de tráfico. El porcentaje de recaudación se mantiene apenas por encima del 30% pese a los intentos del consistorio en aumentar la eficacia y que el trabajo de los agentes de la Policía Local no sea en balde en este sentido.

Según los datos facilitados por el ayuntamiento, a 30 de junio se habían impuesto 12.658.363 euros en propuestas de sanción por infracciones de la ordenanza de Circulación. Esta cantidad supera en mucho la previsión de todo el ejercicio, fijada en nueve millones de euros.

El problema es que de la primera cifra sólo han llegado a la caja municipal 3.990.631 euros, lo que supone un modesto 31,52%. El porcentaje es casi idéntico al 32% con que se cerró el pasado ejercicio, aunque mejora ligeramente la recaudación obtenida hasta el pasado mayo, donde el hundimiento fue más notorio si cabe con un 27% de las multas.

Los grupos de la oposición han denunciado varias veces el exceso de tramitar más de 25 millones de euros en sanciones de tráfico cada año, cuando después resulta que el cobro es de la tercera parte. La mala situación económica ha perjudicado todavía más la gestión en la recaudación debido a un aumento en los impagos de las multas.

Sirva de ejemplo el último listado publicado por el consistorio, con 13.000 avisos de otros tantos embargos de cuentas bancarias debido a que no se ha realizado el ingreso en periodo voluntario. El concejal de Hacienda, Silvestre Senent, anunció este año iniciativas como el cobro a conductores empadronados en otros municipios de la Comunitat, aunque no se sabe nada de la puesta en marcha de esta iniciativa.

La gestión en el cobro está encargada a una empresa, que en teoría debería beneficiarse de medidas como la citada y otra que consiste en el cruce de datos con la Agencia Tributaria, de tal manera que se descuente a los contribuyentes las deudas que mantienen con el consistorio en el caso de que la Declaración de la Renta salga a devolver.

Otro de los motivos de la baja recaudación es el aumento de los recursos presentados contra el cobro de las multas. Se trata de una consecuencia más de la crisis, donde los contribuyentes intentan por todos los medios legales evitar el pago por sanciones de tráfico.

Todo esto hace que el consistorio acumule más de 60 millones de euros en sanciones que no ha podido cobrar. La cifra fue facilitada el pasado junio por la concejala de Esquerra Unida Rosa Albert y corresponde a la suma de varios ejercicios.

La edil criticó el exceso de sanciones impuestas, que en su opinión aumentan los costes por la tramitación de todos los expedientes. Además, los boletines anulados suman este año más de 49.000 euros, debido a deficiencias en la gestión recurridas por los afectados y donde se les da la razón en la reclamación.

El mismo problema por la baja recaudación se produce en el apartado de las multas por infracciones urbanísticas. A 30 de junio, el ayuntamiento había impuesto 120.172 euros, mientras que los ingresos se elevan apenas a 16.000 euros. La previsión de este año es de 90.000 euros, según figura en las cuentas.

La mayoría de estas sanciones suponen una tramitación larga, que acaba con el prorrateo del cobro en varios meses. Se trata de obras realizadas sin licencia y que en algunos casos se legalizan debido a la dificultad en la demolición de las mismas. La crisis, igual que antes, se ha notado también en la reducción de los expedientes tramitados.

Problema con los gorrillas

Por otro lado, el alcalde en funciones, Miquel Domínguez, se refirió ayer al aumento de quejas habituales en verano sobre los gorrillas. En una visita al Mercado Central consideró a preguntas de los periodistas que se trata de un «problema de difícil solución, aquí y en toda España», para el que el ayuntamiento ha buscado diversas soluciones.

«En teoría ellos no hacen daño a nadie y si se les da dinero es porque se quiere. Si alguien paga por miedo a que le ocasionen daños en su coche, o si se producen esos daños, siempre hay que denunciar», dijo, para matizar que «la situación es muy difícil de resolver porque hablamos de gente insolvente y sin domicilio conocido».

Por esta razón, desde la concejalía de Seguridad Ciudadana se ha tratado de actuar por la vía penal, por 'desacato a la autoridad', y «pese a que se cuenta con el apoyo de la Fiscalía, que presenta los informes ante el juzgado competente, finalmente no se tramita porque no hay base», explicó el delegado de Policía Local.

Este año, las denuncias contra los aparcacoches han bajado ligeramente en las playas. El motivo es el trabajo de los colaboradores sociales, condenados a trabajos para la comunidad precisamente por delitos relacionados con la circulación. Estas personas se colocan de tal modo que ocupan el lugar de los gorrillas, pero sin cobrar nada a los conductores.