![El Estado detecta sueldos de 120.000 euros en la fundación del Puerto](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/pre2017/multimedia/noticias/201410/29/media/cortadas/puerto--575x323.jpg)
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a. rallo
Miércoles, 29 de octubre 2014, 00:36
El informe de la fundación Valenciaport, la última diligencia que faltaba por llegar al juzgado en la investigación por las irregularidades detectadas en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), ya se encuentra en la sede judicial. La sociedad, una entidad sin ánimo de lucro, recibió una importante inyección económica de la APV en el ejercicio 2009: casi dos millones de euros de fondos públicos.
La Intervención del Estado ha detectado varios aspectos llamativos durante el año analizado. Por un lado, los gastos de personal. Los especialistas han descubierto sueldos que superan los 120.000 euros. Se trata de tres personas con la categoría de director -hay diez en la fundación- que cobran 127.000, 124.000 y 115.000 euros anuales. Se da la circunstancia de que son los únicos responsables de la categoría anterior que perciben un supuesto complemento por desplazamiento.
Sin embargo, el exhaustivo informe de la Intervención del Estado aclara que no se ha podido establecer una correlación entre los meses en los que efectúan esos viajes y las nóminas en las que cobran ese complemento. Los dos expertos que han completado la auditoría destacan, además, que otros trabajadores no cobran ese plus pese a que también efectúan desplazamientos.
El apartado del personal también sobresale por otro aspecto negativo. La fundación Valenciaport elige a sus trabajadores bajo los criterios de mérito y capacidad. Sin embargo, estos requisitos no constan en los diferentes expedientes de contratación de cada uno de los empleados, según el informe. La sociedad contaba con una plantilla de medio centenar de personas durante el citado ejercicio. El coste del personal supuso unos 2,5 millones de euros.
Otro de los aspectos cuestionables en la auditoría de la fundación corresponde a los gastos en restauración y viajes. Los empleados de la citada sociedad se dejaron casi 300.000 euros en comidas en restaurantes y viajes. Buena parte de esta cantidad se destina al segundo de los conceptos, casi 230.000 euros en un año. El resto se reparte entre comidas y hoteles.
El informe precisa que el gasto más importante lo realizan nueve trabajadores de la sociedad, entre los que se encuentran los tres directores mejor pagados de la institución, con sueldos superiores a los 120.000 euros. De nuevo, inciden los peritos en determinados gastos que llaman la atención por su cuantía y también por el concepto, «dada la procedencia pública de la financiación de la fundación». Entre ellos, por ejemplo, figuran almuerzos en unas bodegas por importe de 8.000 euros.
El informe ha sido elaborado por funcionarios de la Intervención General del Estado que fueron designados como peritos por el juzgado de Instrucción número 14 de Valencia que investiga las irregularidades en la gestión de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), presidida por Rafael Aznar. Los informes de este organismo acerca del Puerto de Valencia supusieron el inicio de la investigación por parte de la fiscalía de Valencia.
Los especialistas han estado casi un año para terminar el trabajo. De hecho, el retraso motivó que recientemente el juez oficiara a la Intervención General para conocer las causas de esta demora. Era la segunda ocasión en la que lo hacía. La respuesta ha llegado con el envío de la documentación, apenas unas semanas después del oficio judicial.
El juez decidió en su día practicar todas las diligencias encargadas por el Ministerio Público antes de abordar si citaba o no como imputados al presidente Rafael Aznar, dos directivos de la institución y un trabajador del organismo.
El caso estalló en el verano del año 2013 tras la denuncia presentada por la fiscalía. Desde entonces, la gestión del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia se puso bajo sospecha. Una de las irregularidades fue el cobro de sobresueldos por parte de Valencia Plataforma Intermodal, firma deficitaria y participada en un 98% por la APV. Los propios denunciados reconocieron su error y devolvieron las cantidades percibidas, alrededor de unos 70.000 euros.
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