Los psicólogos cobrarán más para atajar el colapso de los informes de menores

El dinero no debería ser un problema para solucionar el atasco que presenta el gabinete psicosocial de la Ciudad de la Justicia, el órgano encargado de realizar informes sobre los menores y sus progenitores que resultan clave para que juez decida acerca de la guarda y custodia. Unas 350 evaluaciones se acumulan en las oficinas por la falta de personal.

El presidente del Colegio de Psicólogos, Francisco Santolaya, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, mantuvieron ayer una primera reunión. El objetivo consistía en pactar el «plan de choque» que logre terminar con los cerca de 350 informes atrasados. A lo largo de los próximos días se perfilará la iniciativa. La institución colegial tiene previsto preparar un listado de profesionales que podrían encargarse de este cometido. Lo más probable es que se recurra a los psicólogos que ya elaboran estos trabajos en el turno de oficio. Cobran entre 90 y 150 euros por informe dependiendo de diferentes parámetros que miden una especial dedicación.

El atasco, cerca de un año desde que se solicita una evaluación hasta que está lista, afecta especialmente a la ciudad de Valencia. Es el único partido que cuenta con un gabinete psicosocial, compuesto por funcionarios, para confeccionar estos trabajos.

Tanto desde el Colegio de Abogados como de la Asociación Valenciana de Peritos del Turno de Intervención en Psicología Forense coincidieron en que la gratuidad del servicio se sitúa como la causa más probable de esta situación. El dictamen no tiene coste siempre que lo solicite el juez o el fiscal o los progenitores sean beneficiarios de justicia gratuita. Sin embargo, en la capital del Turia, también lo es aunque no se cumpla alguna de las condiciones anteriores. De ahí, un cierto abuso del gabinete.

Los psicólogos respondieron ayer a la consellera que están dispuestos a colaborar, pero no a los precios actuales. Le trasladaron su «descontento» por unas tarifas que se establecieron hace 15 años. Nunca han sido revisadas. Ahora comienza una negociación en la que uno de los puntos capitales será precisamente la remuneración de cada pericial. Bravo se comprometió a incrementar el baremo, aunque sin concretar cifra. En cualquier caso, aseguró que serán más de los 90 euros actuales. «Entendemos que hay que buscar una retribución más acorde», subrayó la responsable. La subida será superior para el plan de choque que para el turno de oficio, según concretaron fuentes de la conselleria. El motivo es el esfuerzo y la dedicación que suponer elaborar 350 informes en cuatro meses.

La Generalitat quiere llegar a principios de año sin trabajo acumulado en el gabinete psicosocial. Entonces será el momento de emprender algunas reformas «estructurales» para que la situación actual no se repita con el paso de los meses. La propuesta de la conselleria es reducir el tiempo de espera a un mes frente a la media actual, entre diez meses y un año. No concretó de qué manera se conseguirá esto.

«Vulnerables y sensibles»

Bravo expresó una gran preocupación por este asunto. «Son temas muy vulnerables y de una gran sensibilidad». Las evaluaciones resultan casi determinantes a la hora de decretar un régimen de custodia. Son informes que condicionan el futuro de los menores y de los progenitores. Por este motivo «tienen que emitirse con prontitud».

Los peritos del turno y el Colegio de Abogados lamentaron la diferencia entre los usuarios del gabinete psicosocial y los del resto de la provincia, que deben pagar por este tipo de servicio. Esto hace que para evitar esta disparidad, el juez, en numerosas ocasiones, solicita esta prueba. Desde la asociación de peritos añadieron otro inconveniente: la disparidad de precios La horquilla se sitúa entre los 600 e incluso los 2.000 euros. Una de las propuestas que se planteó en su día fue fijar una «tarifa plana» para estos trabajos. No tuvo éxito.

Los informes tratan de analizar la relación de los menores con sus padres a través de diferentes pruebas. También se evalúa el comportamiento de los progenitores con los menores y el modelo educativo que ofrecen. De igual modo se trata de comprobar que ninguno ejerce chantaje emocional sobre el pequeño. En algunos casos se realizan incluso entrevistas a las nuevas parejas de los padres o a los tutores del colegio. Estos últimos profesionales aportan una visión muy valiosa sobre los más pequeños.