Los ayuntamientos valorarán a partir de ahora a los dependientes

Valencia. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha dado un nuevo cambio a la situación de la dependencia en la Comunitat. Ayer, su máxima dirigente y también vicepresidenta del Gobierno de la Generalitat, Mónica Oltra, anunció que la valoración de los dependientes dejará de desarrollarla su departamento para pasar a manos de los ayuntamientos.

De este modo, serán los Servicios Sociales de cada población los que se encargarán, a partir de ahora, de llevar a cabo las gestiones y la elaboración evaluación de los afectados del sector. Con ello, la conselleria pretende «remunicipalizar» estos trámites para ponerse «al día en el tapón» que se ha generado con la incursión de nuevos dependientes al sistema y que eleva a más de 45.000 los que todavía no reciben la prestación que por ley merecen.

Hasta este instante, la Generalitat contaba con dieciocho trabajadores que se encargaban de realizar las valoraciones, una cifra que la vicepresidenta del Consell calificó de «claramente insuficiente» y advirtió de que el anterior Gobierno autonómico optó por crear una empresa para firmar al personal que realizaban estas labores, unos contratos que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) declaró ilegales. Ahora lo harán los Servicios Sociales, que se encuentran mucho más cerca de las personas, e incrementarán «sustancialmente» la cifra de valoraciones.

Mónica Oltra hizo referencia también al aviso realizado desde la Sindicatura de Comptes en el que se advertía de que serían necesarios 114 millones de euros más para poder sufragar la entrada de todos estos ciudadanos al sistema. «Esta claro que hace falta mucho dinero para atender a la dependencia», por ello agregó que se va a producir un «aumento sustancial» de recursos que servirán para reforzar la autonomía personal y luchar contra la pobreza.

En ese sentido, el Consell destacó también que destinará 57 millones de euros para eliminar el copago en centros de día y para aumentar el «dinero de bolsillo» de los que viven en centros residenciales, según figura en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2016 que se aprobó ayer.

«Nuestra idea es favorecer la autonomía personal, de modo que la residencia sea una última opción cuando ya no se puede otra cosa» y que, de ese modo, el ciudadano pueda permanecer «en su entorno afectivo y conocido» ya que esto permite una «mayor autonomía y bienestar», añadió Oltra para luego recalcar que han «tenido que establecer prioridades».