El PSPV rechaza que se inste a la policía a no identificar a inmigrantes pero votará a favor

Malestar, incomodidad y confusión. Fueron tres términos salidos ayer del grupo municipal socialista en referencia a la propuesta de acuerdo que llevará el gobierno del que forman parte al pleno hoy para su aprobación y que consiste en la petición del cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros en Zapadores.

Pero si a esa cuestión le ponen objeciones y muchas, la cosa va más allá al referirse al texto introductorio y la propuesta de acuerdo, en lo que se refiere a las identificaciones de inmigrantes por parte de la policía. «Lo peor es el tono», comentaron las mismas fuentes, que se desmarcan completamente de lanzar acusaciones veladas a la policía de que siguen criterios racistas o xenófobos en su trabajo diario.

Ante esta situación, las mismas fuentes precisaron que el primer teniente de alcalde, Joan Calabuig, pedirá hasta esta misma mañana antes del debate que se presente en el hemiciclo una propuesta alternativa, que suavice todas estas cuestiones. «Hasta el último minuto se intentará», precisaron, aunque de momento sin resultado.

No obstante se ha desestimado la opción de un voto por separado de los otros dos socios del gobierno, Compromís y València en Comú, para no forzar la ruptura de la unidad de voto. Curiosamente eso es lo que hicieron los segundos para la elaboración del Presupuesto municipal, que también se lleva hoy para su aprobación provisional.

La alternativa decidida es que la concejal de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, tomará la palabra en el segundo turno de intervención del gobierno municipal, compartiendo los minutos con el portavoz de València en Comú, impulsor de la propuesta de acuerdo.

La delegada socialista comentó ayer a LAS PROVINCIAS que la Policía Local no realiza ningún tipo de traslado al Centro de Zapadores. «No es competencia nuestra y eso es conveniente que lo sepa todo el mundo», para indicar a continuación que no ha habido ni hay ningún criterio racista a la hora de decidir las identificaciones en los controles habituales por la ciudad.

La propuesta de acuerdo señala que «el Ayuntamiento rechaza los controles policiales basados en perfiles étnicos por ilegítimos, discriminatorios, racistas e injustos». A la vista de los sangrientos atentados en París, fuentes municipales precisaron que «por lo menos es inoportuno presentar así esta cuestión».

Además, otros párrafos similares hacen que «se lleve a la confusión a todos porque no se puede relacionar con casos concretos en Valencia». El alcalde Joan Ribó eludió contestar a este periódico sobre si cambiará la propuesta antes del pleno, aunque fuentes socialistas indicaron que «estamos hablando de ello desde hace días. En Les Corts se votó algo parecido y no pasó nada, el problema aquí es cómo se ha presentado la petición, el tono».

Por su parte, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, indicó que en la identificación de inmigrantes por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no hay ningún «sesgo racista» y la causa que provoca esa petición es «exclusivamente en materia de seguridad».

Moragues hizo estas declaraciones a Efe tras presidir una reunión de coordinación de seguridad y ser preguntado por la moción que el equipo de gobierno presentará hoy en el pleno en el que reclama el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores.

«Estamos hablando de seguridad ciudadana y en ese sentido la ley es clara. Cuando un agente de la Policía, sea local, autonómica, nacional o Guardia Civil entienda que en materia de seguridad tiene que pedir la identificación de una persona, tiene la facultad y la potestad de hacerlo y lo debe hacer porque la seguridad es primordial, básica y fundamental para la ciudadanía».

Según Moragues, «lo que no tiene que haber es un sesgo racista como no lo ha habido en ninguno de los efectivos policiales, porque si se decide pedir esa identificación es exclusivamente por seguridad».

El presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret, aseguró que Valencia ha pasado de ser «la ciudad de las libertades» a ser «la de las imposiciones» bajo el mandato de Joan Ribó. Apuntó que «se atreven hasta a decirle a la policía que no cumpla la ley», algo que demuestra que «este gobierno primero habla y luego piensa, en un claro ejemplo de irresponsabilidad política».