La OCDE cuestiona la falta de evaluación del trabajo de los profesores

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer ayer su informe 'Panorama de la Educación 2015', un documento que compara los sistemas educativos de los países miembros. Y una de las claves que se abordan es la falta de evaluaciones para el profesorado español, ya sea para progresar en su carrera laboral, para acceder a incentivos o para medir su desempeño en las aulas y determinar necesidades de mejora, por ejemplo, en concepto de formación.

La crítica coincide en el tiempo con el encargo por parte del ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo al experto José Antonio Marina de elaborar el Libro Blanco de la Profesión Docente, que se presentará en diciembre e incluirá una batería de medidas de mejora, entre ellas, un sistema de evaluación.

El informe referido a España deja claro que en la actualidad estos procedimientos sólo se aplican para el ingreso en la profesión, como es el caso de las oposiciones para acceder a una plaza en un centro educativo público. Eso sí, también hay procesos selectivos para cambiar de especialidad o para pasar a cuerpos superiores, ya sea a la inspección o las cátedras de Secundaria. También la propia formación inicial se puede considerar como una evaluación, en el sentido de que se precisa de unos títulos habilitantes para poder ser profesor, ya sean de grado (maestros) o de máster (profesores). Sin embargo, a partir de ahí los casos son excepcionales y suelen corresponder a centros privados.

El informe destaca que en España «otras formas no están legisladas, como la evaluación regular, que suele suponer un proceso interno en el centro, la evaluación para la promoción, normalmente voluntaria, o para sistemas de incentivos», entendida como la selección de profesores con resultados excelentes para motivarles y reconocer su tarea. El trabajo de la OCDE también destaca que en la mayoría de países «los resultados de la evaluación regular del profesorado sirven para tomar decisiones informadas sobre sus actividades de desarrollo profesional» y añade que en once países también influyen en el salario. Esta última es, precisamente, una de las ideas que contempla Marina: incentivar a los mejores desde el punto de vista retributivo o mediante mejoras sociales.

El documento añade otra clave más: las consecuencias de una evaluación negativa, pues un mal resultado suele obligar a optar a pruebas posteriores o a superar cursos formativos obligatorios, opción que tampoco existe en España y por extensión en la Comunitat. Por último se refiere al cargo de director, donde sí existe un proceso de selección e incluso una valoración independiente en las renovaciones de mandatos. En clave valenciana se incluirá un paso más a partir de este curso en este segundo caso: el visto bueno del consejo escolar del centro, que además deberá tener en cuenta el informe que elabore el claustro docente sobre el proyecto educativo del aspirante.

Pese al marco general estatal, en la Comunitat se llegó a trabajar en un mapa de indicadores para medir el desempeño de los profesores en la última etapa de Català, pero no llegó a salir del cajón. Además, han funcionado las evaluaciones diagnósticas, que aunque ideadas para detectar fortalezas o debilidades en los centros también daban información secundaria al profesorado al incluir los resultados de cada grupo evaluado y de las diferentes competencias (matemática y lingüística en valenciano, castellano e inglés). Eso sí, eran limitadas, pues las pasaban los alumnos de dos cursos (4º de Primaria y 2º de la ESO). La intención del equipo de Marzà es eliminarlas o cambiarlas.

El debate sobre la evaluación del profesorado se avivó ayer tras conocerse el informe. En declaraciones a Europa Press, Marina lamentó que no se hayan extendido las prácticas de otros países y destacó que existe «rechazo en el profesorado a que su tarea sea evaluada». Respecto a su propuesta de diferenciación salarial, recordó que se basará en un proceso de evaluación objetivo que medirá multitud de parámetros.

En cuanto a los sindicatos, insistieron en que pese a la falta de evaluaciones sí hay controles. Desde CC. OO. se refirieron a los de la inspección o a la supervisión del equipo directivo e incluso de las familias. Desde Anpe destacaron la importancia de impulsar el Estatuto de la Función Pública Docente, que también duerme en un cajón y debe regular aspectos como los incentivos o los procesos de mejora.