El Ayuntamiento no recurrirá la sentencia sobre la Tabacalera y estudiará su viabilidad

valencia. El Ayuntamiento de Valencia expresó ayer su voluntad de no recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por la que tumba la operación urbanística que permitió los derribos de varias naves en la antigua fábrica de Tabacalera en 2005 tras realizar modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Valencia.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, señaló ayer que «está de acuerdo» con la sentencia y aseguró que la actuación del anterior equipo de gobierno «no respetó el patrimonio industrial», algo que adolece del «mismo espíritu» que el fallo judicial sobre el plan urbanístico del barrio del Cabanyal, «donde dijeron que no se había respetado la trama urbana».

Por su parte, el concejal de Urbanismo de Valencia, Vicent Sarrià, afirmó que el Consistorio iniciará el proceso de revisión del planeamiento para dar cumplimiento a la sentencia. Sarrià puntualizó que la voluntad del equipo de gobierno es reedificar una de las naves derruidas en la operación urbanística. Por contra, el concejal matizó que «algunas de las obras ejecutadas son ahora de difícil reversión». En concreto, el edil se refirió al nuevo edificio en los solares resultantes del derribo de naves de la Tabacalera. «Las arcas públicas no pueden permitirse su derribo ni su vuelta al estado original y tampoco el derribo y posterior constitución de un edificio en la plaza de América es reversible», expresó el concejal socialista.

Ante lo que el concejal Sarrià calificó como «pelotazo urbanístico», pidió responsabilidades políticas al gobierno municipal de hace dos legislaturas por una «decisión lesiva para el patrimonio protegido».

Por su parte, Salvem Tabacalera, plataforma cívica que impulsó el recurso judicial, expresó su «satisfacción» por la sentencia y anunció que estudiará su ejecución en función de si pueden hacer frente al coste. Desde la plataforma pidieron responsabilidades políticas y manifestaron su deseo de que las reconstrucciones no se financien de las arcas públicas. Asimismo, solicitaron al Ayuntamiento que se implique en el proceso de apertura penal.