Los contratistas afirman que imponer el valenciano vulnera la competencia

«Somos una comunidad bilingüe», fue lo primero que dijo el director-gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñes, al comentar ayer la decisión tomada por el gobierno municipal de incluir en los concursos públicos una cláusula lingüística, de tal modo que las comunicaciones de las contratas con el Consistorio y los ciudadanos relacionadas con el servicio sean siempre en valenciano.

Esto deja en la práctica fuera de juego a todas las compañías que no estén dispuestas a aceptar la cláusula, dado que el concejal de Contratación, Sergi Campillo, dijo el viernes durante la presentación de la iniciativa que será de obligado cumplimiento en todos los pliegos de condiciones donde se ponga.

Miñes criticó la medida al señalar que «puede ir en contra de las leyes de libre competencia, de la normativa que regula la igualdad de oportunidades», por lo que auguró la presentación de recursos en caso de que la cláusula siga adelante.

La junta de gobierno aprobó el viernes el primer concurso que la incluye, un proceso para contratar la limpieza de colegios, mercados y el resto de edificios municipales con un presupuesto de salida de 14,4 millones de euros para dos años.

Para el representante de la Cámara, Valencia tiene temas «mucho más importantes como las infraestructuras pendientes para aprovechar el agua sobrante de la depuradora de Pinedo, donde ahora se vierte al mar el 75% de la que llega. También hay que mejorar en los jardines y en la limpieza de las calles, por ejemplo. Si me permite la expresión, creo que esto es un postureo».

La cláusula en cuestión indica que en «todas las comunicaciones entre la persona o empresa adjudicataria y el Ayuntamiento, así como en el resto de la documentación que se tramite durante la ejecución del contrato, habrá de ajustarse a lo que dispone la Ley 4/1983 de Uso y Enseñanza del valenciano, así como al reglamento», en referencia esto último al aprobado por el Consistorio.

La primera normativa indica que «mediante disposiciones reglamentarias, fomentará el uso del valenciano en todas las actividades administrativas», mientras que el reglamento, en su punto 17.3, señala que «los rótulos de la vía pública destinados a informar a los transeúntes, cuya elaboración sea competencia municipal, serán redactados preferentemente en valenciano».

En ambos casos queda margen de interpretación para sostener que las contratas estén obligadas a utilizar el valenciano en todos sus escritos en lugar del castellano. El concejal habló por la mañana de que las compañías tendrán incluso que costearse los servicios de traducción, además de apuntar que no se descarta hacer lo mismo con las ofertas presentadas en los concursos. Por la tarde, el comunicado oficial hablaba de «uso preferente» del valenciano, lo que dio pie a Miñes para indicar que es un terreno abonado para la presentación de recursos por parte de algunas de las afectadas.

«La imposición es mala, así como quitar libertad a los individuos. En este caso veo incluso el riesgo de que el Ayuntamiento haga algo inconstitucional porque es un impedimento para la igualdad de trato que merecen todas las ofertas», añadió, para indicar que está de acuerdo con otras de las cláusulas que se incluirán en los concursos, como la referida a la que las empresas condenadas por casos de corrupción, entre otros, verán cómo se rescinde sus contratos.

«Hemos tenido dos empresas en la Comunitat, una en Alicante y otra en Castellón, que han estado tres años sin poder contratar con la Administración pública por este tema. Es algo que ya está regulado en la Ley de Contratos del Estado, aunque están bien que se haga de manera expresa en los concursos del Ayuntamiento», subrayó.

En cuanto al coste que supondrá para las empresas, recordó el caso vivido en una empresa donde trabajó. «Fue en 1997, más o menos. En la delegación de Cataluña tuvimos que recortar una hora la jornada laboral para que los trabajadores acudieran a la academia a aprender catalán. Todos los pliegos de condiciones estaban en catalán, lo mismo que pasará en Valencia dentro de un tiempo. Eso es lo que ocurrirá con la documentación de los concursos».