El TSJ tumba el veto en hospitales públicos a los alumnos de universidades privadas

Suspensión cautelar. Es la decisión que ha adoptado el Tribunal Superior de Justicia de la

Comunitat Valenciana (TSJCV) ante el veto del Consell a la realización de prácticas en hospitales públicos por estudiantes de las especialidades sanitarias de universidades privadas, en respuesta a un recurso de la Universidad Católica de Valencia (UCV). La decisión de la sala de lo contencioso administrativo -contra la que cabe recurso de reposición-, como informaron desde el TSJ, supone la estimación parcial a través de un auto del recurso de la UCV contra la Conselleria de Sanidad. La institución académica solicitó el cese de las nuevas condiciones comunicadas verbalmente por un representante del ejecutivo autonómico en una reunión del 25 de julio en esa conselleria.

La Católica pedía la suspensión de las decisiones de la conselleria y que, según el auto, eran que la conselleria no aplicaría los convenios vigentes, que la formación de los alumnos de enfermería y medicina quedaban a expensas de un contrato de externalización de las asignaturas con la Universitat de València a cambio de pagar un canon y que no acreditaría a los alumnos de la UCV para la realización de estancias en prácticas en hospitales de no aceptarse voluntariamente este sistema.

Ahora, con fecha del miércoles, la sala ha decidido «conceder parcialmente la suspensión solicitada». Lo acordado implica la suspensión de la decisión del departamento de Sanidad de no aplicar los convenios vigentes que permitían a los alumnos de los grados de Enfermería y Medicina de la UCV realizar prácticas en hospitales públicos. La sala suspende también el modelo que implicaba que la universidad privada firmara un convenio con la Universitat de València, institución académica pública, a la que tendría que pagar un canon.

No entra en el fondo

A través de un comunicado desde el TSJCV confirman que la sala «suspende de forma cautelar la decisión de la administración autonómica, pero no se pronuncia sobre el fondo del recurso interpuesto por la Católica contra la legalidad de las nuevas condiciones para la realización de prácticas».

El pronunciamiento pretende «evitar situaciones irreversibles ante la inminencia del inicio del curso universitario». A juicio del tribunal, de no suspenderse las medidas, la situación podría conducir a «situaciones jurídicas irreversibles o de difícil restablecimiento, en el supuesto de una sentencia estimatoria del recurso principal. La «irreparabilidad del daño» que apunta el auto «viene vinculada a la preparación y diseño del curso académico 2016-2017».

Uno de los argumentos que sostiene la sala es que debe concederse la petición al existir la concurrencia de una conducta administrativa sustentada en una vía de hecho que «destruye palmariamente la vigencia de las características que arropan a todo acto administrativo, sustancialmente las de eficacia y presunción de legalidad». En esta línea, manifiesta que, de no adoptarse la medida cautelar de suspender la decisión hasta pronunciarse sobre el fondo del asunto, existe un «riesgo razonable» de pérdida de finalidad del recurso.

Ante resolución la UCV señaló que se trata de un pronunciamiento que «ayuda a garantizar la normalidad del inicio de curso, y es tranquilizadora para los alumnos, que tendrán así garantizadas sus prácticas». Añadieron que por parte de la institución académica «siempre» han acudido «con la mejor predisposición a todas las conversaciones con las consellerias de Educación y Sanidad» y consideran que «ahora más que nunca deberemos volver a mantener negociaciones en las que definitivamente se pueda plantear un nuevo modelo, que se adapte al marco normativo, y que el proceso se consiga sin restricciones al diálogo por ambas partes».

El 31 de mayo se conoció la iniciativa de las consellerias de Sanidad y Educación. Ese día los titulares de ambos departamentos anunciaron que los alumnos de Ciencias de la Salud de universidades privadas no podrían realizar las prácticas en hospitales públicos.