La dificultad de lograr un acuerdo pone en riesgo los plazos del presupuesto de 2017

La negociación con las asociaciones de comerciantes para una rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles es uno de los primeros asuntos que se encontrará la nueva portavoz socialista, Sandra Gómez, a la vuelta de vacaciones, aunque la falta de acuerdo actual pone en riesgo el calendario fijado por el edil de Hacienda para la elaboración del presupuesto municipal de 2017.

Las concejalías ya han enviado o están en tránsito de hacerlo todas las inversiones y gastos que consideran deben incluirse. Pero eso no significa más que el inicio de un largo tira y afloja entre los tres partidos para el reparto del dinero.

De ahí que exista preocupación en que asuntos como las ordenanzas fiscales se demoren más de la cuenta. La intención de Vilar era haber llevado en julio parte de esta normativa, precisamente para adelantar la difícil tarea de cuadrar los ingresos previstos el próximo año.

El edil ya ha dicho públicamente que los impuestos, tasas y precios públicos no subirán, ni siquiera el IPC porque apenas está en unas décimas. Otra cosa bien distinta es lo que sucederá con el IBI. Según los comerciantes, poner el umbral del incremento a partir del millón de euros del valor catastral del local beneficiaría a 1.266 pequeñas empresas.

Las ordenanzas fiscales de este año ya ofrecieron otras novedades en forma de bonificaciones. Es el caso de los coches eléctricos e híbridos, que tienen descuentos en el Impuesto de Vehículos, igual que sucede con la colocación de los paneles solares, para favorecer la eficiencia energética.

Otro apartado sirve para la rehabilitación, con una rebaja del 90% del coste de la licencia con la intención de reactivar el mercado inmobiliario. En el Impuesto de Actividades Económicas tiene también modificaciones se creó una zona nueva para el barrio de Cabanyal con un tipo menos gravoso, por lo que puede haber más cambios.