El bono único de transporte para el área metropolitana sigue sin fecha

La esperada integración tarifaria de las zonas A y B, es decir, la creación de un bono único para viajar por toda el área metropolitana tendrá que esperar unas semanas. Anunciado en el mes de septiembre, y concretado para octubre durante la firma de un convenio entre la Conselleria de Obras Públicas y la Diputación de Valencia, el abono de transbordo que beneficiará a 40 municipios sigue sin fecha de entrada en vigor.

Así lo confirmaron ayer fuentes del departamento que dirige María José Salvador, que explicaron que actualmente la creación de este nuevo título, cuyo precio podría rondar entre los 14,50 y los 17 euros (un aspecto que tampoco se ha confirmado), está en manos del Consell Jurídic Consultiu, que debe emitir un informe sobre su aplicación. De ahí que, aunque se celebró un acto reivindicativo sobre el transporte metropolitano y el contrato programa, no se abordase este tema.

Sí que tiene fecha de creación la Autoridad Metropolitana del Transporte, la entidad que permitirá coordinar todas las políticas de transporte, incluido el abono único. Será el 1 de enero de 2017 aunque tampoco se concretó cuándo se pondrá en marcha. «A lo largo del año», señaló la consellera Salvador durante su intervención en un acto convocado en el Palau de la Generalitat con los 60 alcaldes que dieron el visto bueno a la integración en esta entidad en noviembre del año pasado.

Una convocatoria que se convirtió en una reivindicación al unísono del contrato programa y, en concreto, de los 38 millones que se reclaman al Gobierno central para financiar el transporte del área metropolitana de Valencia y que el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, rechazó el pasado octubre alegando la situación de bloqueo por falta de gobierno.

«Es exigible al Gobierno de España aquello habitual para otros», reclamó el jefe del Consell, Ximo Puig, en referencia a los cerca de 1.600 millones que han recibido Barcelona, Madrid o Canarias, que sí que cuentan con estas ayudas estatales. Por contra, la Comunitat ha dejado de percibir más de 300 millones entre 2012 y 2015 al no cumplir con los requisitos requeridos.

Ahora, como recordó, «tenemos los deberes hechos y no habrá excusa», pues a la creación de la Autoridad del Transporte se suma la puesta en marcha de los planes de movilidad sostenible en las tres capitales. Ayer mismo, por ejemplo, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba la licitación del correspondiente a Valencia por un importe de 831.270 euros y un plazo de ejecución de dos años. De ahí que también anunciase el envío de una carta a Mariano Rajoy para reclamarle «la deuda histórica» en materia de infraestructuras, cifrada en 2.000 millones. «Es una exigencia legal que llevaremos hasta las últimas consecuencias», afirmó.

Menos carreteras

El acto también contó con el discurso del alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien calificó de «anomalía» que España sea «el único país europeo que no cuenta con una ley estatal de financiación del transporte público», por lo exigió su tramitación al igual que las ayudas del transporte. A su juicio, el Gobierno realiza este reparto con «criterios discrecionales basados en favoritismos hacia unos territorios concretos».

Junto a él, el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, cuya afirmación «estamos todos juntos para reivindicar lo que nos corresponde» cobró más fuerza tras las tensiones con el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, a cuenta de la línea de conexión entre Mislata y el Mercado Central. «Da la sensación de que pedimos limosna y no es justo», dijo e invitó a los próximos titulares de Fomento y Hacienda a visitar la comarca de l'Horta.

También criticó que el Gobierno sólo tenga como proyecto «más carriles en la V-30», una propuesta «antigua y no sostenible» porque no tiene en cuenta a peatones y bicicletas. «No prioriza el transporte público», lamentó al tiempo que resaltó que «los ayuntamientos queremos un transporte de calidad y no más carreteras». Argumento que también asumió Ximo Puig al destacar que «más que crecer las infraestructuras deben ser de calidad y no acabar ahogando a las ciudades».