La gestión del Hospital de Manises ahorra 42 millones al año a la sanidad pública

La Sindicatura de Comptes dio a conocer ayer el resultado definitivo -tras el estudio de las alegaciones- de la auditoría practicada al Hospital de Manises, uno de los centros sanitarios públicos de gestión privada del conocido como Modelo Alzira. Las conclusiones a las que ha llegado el órgano de control apuntan un ahorro para la sanidad pública del 25%, porcentaje que se traduce en 42,5 millones anuales en relación a los hospitales comarcales de gestión directa. En enero el borrador del informe apuntaba en esa dirección, si bien entonces la diferencia era del 21,3%. La publicación definitiva llega cuando acaba de arrancar el proceso de reversión a la gestión directa del departamento de La Ribera, del mismo modelo que el de Manises.

La auditoría, que aborda el periodo de 2009 a 2015, constata que el coste por empleado es menor en Manises que en los comarcales de gestión directa. La relación en este caso es de 44.722 euros de coste medio por empleado laboral y 49.453 en el caso de los profesionales que ostentan la condición de estatutarios, funcionarios. Pone de relieve también que la concesión tiene menos facultativos por cada 1.000 habitantes que los comarcales con un coste por empleado un 9,6% inferior.

El apartado en el que el órgano de control analiza la eficiencia y la eficacia, así como la economía de la gestión, incluye además de esos aspectos que la concesión ha tenido un coste para la Administración de 721 euros anuales por habitante. De esa cantidad el documento asegura que 47 euros responden a inversiones. En el caso de los hospitales comarcales el gasto es de 894 euros.

La satisfacción de los pacientes, alcanza el 85%, frente al 81% del total de la Comunitat. El índice de cumplimiento de las inversiones, como apunta la Sindicatura, alcanza el 99%. Las inversiones llegan a 111 millones, de los 137 comprometidos.

El control de la prestación es otro apartado del informe. Pone de manifiesto cuestiones como la ausencia en el contrato de concesión de cláusulas específicas sobre «indicadores de resultados y su sistema de evaluación». También constata el «incumplimiento» de medidas de control. Destaca la «ineficacia» de la Comisión Mixta de Seguimiento como órgano de control de la concesión. Mantiene que en el periodo analizado la comisión sólo se reunió 12 veces.

El órgano de control también se detiene en cuestiones sobre el precio del contrato. En este apartado la Sindicatura advierte de que la concesión no ha contado con un procedimiento claro de liquidación. Esto lleva a que el informe considere «dificultades importantes» a la hora de aprobar las liquidaciones anuales.

El informe señala una diferencia de 179,8 millones de euros en el periodo 2009-2013 entre las propuestas de liquidación de la Administración y las del concesionario (a favor de la primera) y calcula 39,2 millones de exceso en la contraprestación capitativa por aplicación no literal de la cláusula de revisión prevista. Se detiene, además, en considerar que como consecuencia del retraso en los pagos, el concesionario reclama a la conselleria 10,8 millones en intereses de demora.

El órgano de control no se limita a analizar la situación a partir de los datos, sino que ofrece recomendaciones a Sanidad en la línea de que adopte medidas para llevar a cabo sus funciones de control y seguimiento. Otro de los consejos que traslada a la Administración es que defina un procedimiento claro para determinar el precio del contrato.

Sanidad reclama

El Hospital de Manises no se pronunció, remitió a las alegaciones. Sí lo hizo Sanidad, que criticó algunos aspectos de la auditoría. Una de sus afirmaciones fue que el documento no contempla el resultado de las liquidaciones o cierres de ejercicios de los años 2009 a 2013, sobre los que existe una reclamación de 178,9 millones de euros por parte de la Administración, y recalca que de resolverse esta «discrepancia» a favor de la Generalitat, «podría poner en peligro la viabilidad de la concesionaria y la sostenibilidad del modelo».

El departamento de Carmen Montón fijo la mirada en que el informe admite que las conclusiones del trabajo están sujetas a «determinadas limitaciones» que el documento define como «riesgos de la auditoría», entre las que se encuentra «la complejidad de los cálculos para determinar el precio del contrato, el sistema de control de las derivaciones de pacientes a otros departamentos, la ausencia de indicadores de calidad y los asuntos litigiosos entre la Administración y la concesionaria».

El ahorro es otra cuestión sobre la que Sanidad mostró sus diferencias al asegurar que es una cifra que «podría verse afectada por las liquidaciones pendientes», ya que el porcentaje no contempla el resultado de 2009 a 2013, respecto a las que hay una reclamación. También refirió la «falta de supervisión y deficiencias en el contrato», donde el informe destaca aspectos relacionados con la deficiencia en la concepción y ejecución del contrato, así como del control y supervisión de la concesión. Sanidad recalcó que, como admite el informe de la Sindicatura, las conclusiones del trabajo están sujetas a «determinadas limitaciones» que el documento define como «riesgos de la auditoría», entre las que se encuentra «la complejidad de los cálculos para determinar el precio del contrato».