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EP/J. B.
Viernes, 28 de abril 2017, 23:58
La Diputación de Alicante anunció ayer que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo que la institución registró contra el decreto de plurilingüismo impulsado por el Consell.
Al respecto, el portavoz del equipo de gobierno y diputado de Presidencia, Carlos Castillo, explicó ayer a través de un comunicado que la decisión «avala la absoluta legitimidad» de la institución para «recurrir medidas que vulneran la Constitución y lesionan los intereses generales de la provincia de Alicante». Castillo se refería así a las críticas del Consell sobre que la Diputación no tenía competencias en materia educativa. «Tras esta decisión judicial exigimos a la Conselleria de Educación la paralización inmediata del decreto del plurilingüismo porque queremos garantizar que todos los alumnos puedan acceder en idéntica medida a una docencia de calidad, plural, respetuosa con la diversidad e integradora», puntualizó.
«Solicitamos de nuevo a la izquierda que abandone la estrategia política de las imposiciones y el totalitarismo en el ámbito de la educación, que escuche a las familias, que respete la libertad y que se preocupe de verdad por el futuro plurilingüe de nuestros hijos desde la igualdad de oportunidades y el respeto a nuestras leyes», añadió.
Como contrapunto, desde el grupo provincial de Compromís destacaron en una nota que la admisión «no indica ninguna opinión» y que se produce «automáticamente siempre que se cumplan las condiciones de tiempo y forma».
En los últimos días también ha sido admitido a trámite el recurso impulsado por las organizaciones que componen el Foro por el Derecho a Elegir la Lengua Vehicular, que agrupa a la asociación Idiomas y Educación, a Covapa (de la escuela pública) y a Concapa Alicante (red concertada). Fuentes de la primera entidad explicaron que se ha solicitado a Educación toda la documentación de tramitación del decreto traducida al castellano de cara a la presentación de la demanda. Además, no se descarta la solicitud de medidas cautelares para evitar que el curso que viene se aplique ya en los niveles de Infantil.
Hay que recordar que también han optado por la vía judicial los sindicatos Csi·f, Anpe y USO, así como la Federación Católica de Apas de Valencia (Fcapa) o el Partido Popular. Casi todos han sido admitidos ya por el TSJCV.
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