Los agrónomos demandan al Ayuntamiento al ser excluidos de un proyecto urbanístico

valencia. La polémica vuelve a rodear un concurso de obras públicas en el Ayuntamiento de Valencia. Si el pasado verano se desestimó la propuesta ganadora de la reforma de la plaza de la Reina, cuyo proceso recibió la denuncia del PP por haber modificado el pliego en pleno concurso, ahora es la ampliación del parque de Benicalap la que comienza a dar sus primeros pasos con una demanda en los juzgados.

Es la decisión que ha tomado el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (Coial) alegando «discriminación» en el proyecto de ampliación de este parque, en concreto, en los pliegos de condiciones técnicas ya que se excluía a este colectivo de profesionales. Así, la demanda ya ha sido admitida a trámite por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia.

El colegio acudió a los tribunales tras haber sido rechazado el recurso de reposición presentado en junio ante el Consistorio. Precisamente hace unos días la mesa de contratación publicaba el requerimiento por el que el arquitecto Miguel del Rey resultaba ganador del concurso para redactar la ampliación del parque de Benicalap, que se extenderá sobre una superficie de 70.000 metros cuadrados.

Según informó ayer la organización colegial, «a pesar de la clara idoneidad de los ingenieros agrónomos al proyecto, no han sido incluidos como opción en el pliego de condiciones». Sí que figuran arquitectos, ingenieros de caminos, técnicos, de obras públicas, industriales o de la edificación; licenciados o grado en ciencias ambientales, geografía e historia o arqueólogo.

Para el decano del colegio, Baldomero Segura, «el Ayuntamiento ha preferido ignorar la reivindicación de incluir a los ingenieros agrónomos dentro de las posibilidades para componer el equipo, cuando no pedíamos exclusividades, pero tampoco admitíamos exclusiones».

En este sentido, la demanda de estos profesionales recoge que la Administración municipal «ha actuado con total arbitrariedad, de la que se deriva un claro perjuicio profesional al colectivo aludido». También se pone de relieve una «infracción de los principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos en la Constitución», puesto que los ingenieros agrónomos «están capacitados técnicamente para llevar a cabo los trabajos».

Según Segura, tanto el apartado de 'Ámbitos y condicionantes' como el de 'Trabajos a realizar' de los pliegos del concurso incluían trabajos e intervenciones que se ajustan «como un guante» a los ingenieros agrónomos. «Es absurdo que los responsables del pliego consideren que no somos adecuados para realizar todas estas actividades. Los responsables de este 'sinsentido' podrían estar mejor informados de las competencias y atribuciones de los distintos profesionales de España», dijo.

Las alegaciones previas, tramitadas ante el Consistorio, fueron rechazadas con el argumento de que se podían incluir más profesionales en el equipo de las empresas.