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Ni la creación de una Unidad policial permanente, como pedía el grupo popular, ni el refuerzo de las patrullas actuales como se solicitaba en la moción de Ciudadanos. Las propuestas para luchar contra los manteros y defender al pequeño comercio fueron rechazadas el jueves por el gobierno tripartito en uno de los asuntos más destacados en el pleno del Ayuntamiento.
La concejal de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, alegó que «su único propuesta es crear un nuevo grupo policial, cuando se trata de un problema global. La Policía Local es parte de la solución y si sólo hacemos esto sería como jugar al gato y al ratón, echarlos de un sitio para que vayan a otro».
Previamente, tanto el concejal del grupo popular Félix Crespo como la edil de Ciudadanos María Dolores Jiménez argumentaron el daño que supone para los comerciantes las ventas ilegales, que incluyen además productos falsificados. Ninguna de estas razones fueron suficientes para el tripartito y la delegada de Inmigración, Neus Fàbregas, intervino para señalar que «se agravaría la situación de los inmigrantes y los criminaliza», para pedir cambios en la Ley de Extranjería.
Antes del debate político habló una representante de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y el Ensanche, para requerir más recursos destinados a la Unidad de Ciutat Vella, así como la creación de una «brigada de control de venta ambulante durante los horarios del mediodía y los fines de semana, cuando la afluencia de este tipo de venta llega a unos niveles escandalosos». Las quejas de los empresarios se centran en calles como Convento Santa Clara, Ribera, Ruzafa y la plaza de la Reina, entre otras.
En la misma intervención, reclamó la colocación de cámaras de vigilancia preventiva en las calles más comerciales, igual que ocurre en otras ciudades españolas. «En Cataluña hay más de 80 municipios donde las tienen y también hay en Málaga o Madrid. En el resto de Europa, sólo en la calle londinense de Oxford Street hay 35 cámaras».
Ninguna de estas razones sirvió para que el gobierno municipal aceptara medidas desde el Consistorio contra la venta ambulante ilegal, más allá de lo que se realiza en la actualidad. La petición de cámaras de vigilancia preventiva ni siquiera fue comentada en el debate.
La edil de Protección Ciudadana aseguró en su turno que las denuncias por los manteros «vienen de lejos», para citar noticias publicadas en 2010, mientras que la edil de Ciudadanos María Dolores Jiménez recordó que «los vendedores ponen cajas en los mercadillos para impedir que se coloquen manteros». En su opinión la desaparición de la Unidad GOE «ha agravado el problema porque se ha incrementado la presencia de los manteros», lo que no fue reconocido por Menguzzato.
Crespo abundó en esta idea, producto de la reorganización del Cuerpo, para asegurar que en visitas a mercadillos «es tremenda la cifra de manteros que hemos detectado, como los setenta en el de la avenida del Cid, un centenar en el Cabanyal y más de 120 en el que se instala en Benicalap».
«No comparto el modelo que proponen con unidades pequeñas, queremos una policía con capacidad de hacer frente a cualquier problema», dijo Menguzzato. La concejala indicó que es necesario instar al Gobierno para que la Policía Nacional y la Guardia Civil ayuden a cumplir con la ley al respecto de la venta ilegal. «En el Puerto sólo se revisa el 2% de los contenedores», afirmó.
Tanto Crespo como Jiménez se negaron a mezclar el debate del cumplimiento de la ordenanza con la Ley de Extranjería. «Eso corresponde a otro ámbito, aquí tenemos que ver si el Ayuntamiento está aplicando la ordenanza con las multas», precisó la segunda.
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