La aplicación de la Ley de Costas prevista por el Gobierno obligará a derribar hoteles y 1.500 viviendas

Los afectados por los nuevos deslindes marítimo-terrestres que está realizando el Ministerio de Medio Ambiente en toda España se constituyeron ayer en Valencia en una plataforma nacional para protestar por la "arbitrariedad" con la que está actuando el departamento de Cristina Narbona.

La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas agrupa a unas 2.000 propietarios de toda España, de los que 1.800 proceden de la Comunitat Valenciana. La alicantina Carmen del Amo fue nombrada coordinadora de la entidad.

El asesor jurídico de la asociación, José Ortega, indicó que el primer paso de la plataforma será remitir un informe, elaborado por el jurista, a todas las instituciones (desde el propio Ministerio hasta el Consell pasando por el Defensor del Pueblo o el Síndic de Greuges) en el que denuncian "los desmanes" que, en su opinión, está cometiendo el Gobierno.

Y es que, según el informe, la aplicación de los nuevos deslindes marítimo-terrestre supondrá el derribo de al menos 1.500 viviendas, algunas urbanizaciones completas y el hotel Sidi Saler, entre otros, sólo en la Comunitat Valenciana.

El problema radica, según Ortega, en que la definición del dominio marítimo-terrestre que contempla la Ley de Costas "es ambigua". La delimitación de la parte del litoral propiedad del Estado se basa en criterios como el alcance máximo del agua tras un temporal o ser una zona rodeada de arena.

"Lo más grave es que el Ministerio de Medio Ambiente está aplicando la ley de forma retroactiva, en contra de lo que recoge la Constitución", explicó Ortega. Para el letrado, el Gobierno ha empezado a tramitar expedientes para apropiarse de, aprovechando la ambigüedad de la legislación, "construcciones totalmente legales que se levantaron mucho antes que la aprobación de la normativa y con los permisos en regla".

Ante lo que considera una actuación "ilegal y arbitraria", la plataforma, si no consigue una respuesta del Gobierno, presentará una queja contra el Reino de España ante la Unión Europea.

La nueva asociación también denuncia que el Ministerio no está ofreciendo compensaciones económicas por los terrenos que expropia, sino que únicamente se plantea pagar el valor de la edificación, "y hasta ahora no lo está haciendo", según apuntó Ortega.

El letrado indicó que la Ley de Costas ofrece, por otro lado, la posibilidad de que el Gobierno otorgue una concesión administrativa a los establecimientos afectados por el deslinde, "pero el Ministerio no sólo no está dispuesto a hacerlo, sino que piensa rescatarlas todas".

Los casos

El Ministerio de Medio Ambiente ha dado durante los últimos cuatro años un fuerte impulso a la finalización del deslinde marítimo-terrestre en el litoral español. El objetivo de la actuación es definir el espacio del litoral propiedad del Estado.

José Ortega explicó que el Hotel Sidi Saler será derribado si se aplica el nuevo deslinde aprobado por la Dirección General de Costas. La parcela sobre la que se alza la instalación fue comprada por la sociedad alemana que regenta la instalación en una subasta en la que se establecía que sobre el terreno se debía construir un hotel de cuatro estrellas.

Ahora, el nuevo deslinde obligará a derribar el hotel, pese a haber sido construido en 1974 cumpliendo un deseo del Estado. El representante de la empresa y miembro de la nueva plataforma, Manfred Stier, explicó que no han sido escuchados.

Tanto Stier como José Ortega llamaron la atención sobre el deslinde que el Ministerio ha aplicado en el tramo Camino de la Rambla hasta la Gola de Pujol. Explicaron que no es lineal, sino que protege edificaciones aisladas, "creando islas de forma arbitraria". Además, resaltaron que, aunque pertenece a otro tramo, protege los terrenos del parador Luis Vives, pese a que está más cerca del mar.

Ortega añadió que el director general de Costas, José Fernández, le indicó que no cabía la posibilidad de pedir concesiones. Para el letrado, "así se obliga a los propietarios a ir a los tribunales con un proceso que puede durar años".

En la misma situación se encuentra la urbanización de la Casbah, junto al hotel. Guillermo, uno de los propietarios, denunció que el Ministerio apenas les ha dado tiempo para estudiar la documentación. "Sólo nos dio 10 días para alegar contra un estudio geomorfológico", resaltó. Explicó que se había unido a la plataforma "para defender nuestras propiedades".

Ortega añadió que las familias que han comprado recientemente una propiedad en la urbanización "pueden estar dentro de unos años endeudados por más de un millón de euros sin disponer de su vivienda, ya que será derribada".

Costas ya ha actuado en la playa de L'Almardà de Sagunto, en la que ha derribado un restaurante que se remonta a 1860. En la playa de Arenales del Sol (Elche), 19 torres con 800 viviendas, construidas con todos los permisos, están afectadas por un deslinde que conlleva su derribo.

El encauzamiento del Júcar ha originado una situación similar a la de Nules en el Brosquil de Cullera, que afecta a unas 25 viviendas. Otras 70 edificaciones están amenazadas en las playas de Santa Pola. El derribo también se cierne sobre unas 100 viviendas en las playas Deveses y Almadrava de Dénia.

jsanchis@lasprovincias.es