Los arquitectos afirman que la reversión dejará inservible el Teatro Romano de Sagunto

Los arquitectos valencianos evocaron ayer un drama a costa del Teatro Romano de Sagunto. En , un judío, Shylock, acude a un juez, se empeña en lograr una sentencia que satisfaga un perjuicio y la consigue: "Te pertenece una libra de carne de ese mercader". Pero Shakespeare, el autor, retuerce la escena. El juez amenaza a Shylock: si viertes una gota de sangre o arrancas más carne de la que toca "mueres y tus bienes quedan confiscados". En resumen, la sentencia es inaplicable. Eso mismo creen los arquitectos en relación al fallo judicial del Teatro Romano de Sagunto.

En la comparecencia que Juan M. Castillo, decano del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COAV), celebró ayer en Valencia se calificó la situación generada por la sentencia de "endiablada" y se dejó claro en un principio que en el teatro, "a la vista de los resultados legales, la intervención nunca debió hacerse como se hizo".

A partir del reconocimiento del error perpetrado hace 17 años, sin embargo, los arquitectos realizan un sibilino análisis que, según el propio Castillo, "se debe leer entre líneas" y mediante el cual aseguraron que la sentencia no es ejecutable en su totalidad.

"La ejecución de la sentencia obliga a la redacción de un proyecto técnico escrupulosamente riguroso en todos sus aspectos", explicó Castillo, quien advirtió que el COAV pretende "intervenir en los trámites para que la ejecución de la sentencia sea coherente con la legislación", por lo que, alertaron los arquitectos, "cabe el peligro de que el proceso para la ejecución de la sentencia no ofrezca garantías adecuadas. En dicho caso, no debería ejecutarse".

El decano consideró que, si bien es posible demoler la obra de Grassi y Portaceli, "la bondad del uso del teatro" como recinto que alberga actividades culturales sería imposible en su estado anterior. Castillo "pone en duda" la puesta en uso del teatro, como establece la sentencia, una vez se elimine la obra actual.

Los arquitectos reconocieron abiertamente su deseo de que no se practique la demolición. No obstante, dejaron claro que no llaman a desobedecer una sentencia que obliga a "hacer algo", sino que propusieron que se demore su cumplimiento "para intentar llegar a un acuerdo entre las partes" por la "imposibilidad de llevar a cabo legalmente" la actuación, porque el derribo privaría del uso cultural del monumento.

La declaración del COAV se basó en un constante . Si bien dijeron respetar que la sentencia proponga varios arquitectos como ejecutores de la reversión, sugirieron que las obras "deben ponerse en manos de especialistas de prestigio nacional e internacional, expertos no contaminados". Igualmente, consideraron la sentencia del Tribunal Supremo "impecable" para posteriormente calificar de "disparate" la demolición.

Además, Castillo aseguró, "a la vista de los resultados legales, la intervención nunca debía de haberse hecho como se hizo", pero tildó la construcción realizada de "un edificio formidable". Aunque no se abogó por incumplir la sentencia, el COAV señaló que el teatro "podría dejarse como se encuentra actualmente sin que la ciencia arquitectónica quede violentada... y el futuro dirá". Los arquitectos valencianos criticaron la ley estatal que protege el patrimonio por "obsoleta y desfasada", a pesar de que esa normativa está vigente tan sólo un año antes de que se empezase a perpetrar la actuación en el teatro a través del encargo que la Generalitat realizó a los arquitectos.

Durante la comparecencia, Juan Castillo remarcó el actual uso cultural del Teatro Romano para justificar que no se practique una reversión "a cambio de nada", ya que el decano estableció que lo sepultado bajo la obra de Grassi y Portaceli no sirve para nada. "¿Con qué nos vamos a quedar?", se preguntó el responsable del COAV, quien considera que la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 "no actúa coherentemente y en armonía ni con la ciencia ni con la racionalidad".

La ley estatal fue puesta en solfa por el COAV durante la intervención de Castillo, quien estuvo acompañado por el secretario del Colegio, Gabriel Ibor, que aludió como "buen ejemplo de por dónde deben ir las cosas" a la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano con la modificación introducida en el año 2004.

Después de señalar que la Generalitat tiene "una difícil papeleta", Castillo recomendó una actuación pactada que él mismo consideró "perversa y cómplice". El decano se preguntó "quién sale ganando con esta situación" y consideró necesario "alcanzar un gran pacto de todas las fuerzas políticas y sociales".

El vocal del Consell Valencià de Cultura, Vicent Álvarez, instó ayer a la Generalitat, en este mismo sentido, a llegar a una "solución concertada" sobre el futuro del teatro para "preservar la función social" del monumento y conjugarlo con el "debido respeto al legado patrimonial".

El COAV defendió una "moratoria por la buena voluntad de las partes para esperar a que salga una nueva ley que pudiera contemplar aspectos que ésta no ha incluido y que, a partir de ahí, reflexionaran los implicados y se pudiera reconsiderar el asunto". Para los responsables de la entidad, "hay leyes malas que se pueden cambiar" y agregaron que "no es preciso declararse en rebeldía para que algunas sentencias acaben no ejecutándose". De este modo, la sentencia del Teatro Romano, como aquella que favorecía al judío Shylock, jamás se vería cumplida.