Dueños de viviendas llevarán al Gobierno a la UE por expropiar "en secreto" terrenos en la costa

La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas denunciará al Gobierno de España ante la Unión Europea por tramitar "deslindes en secreto", si no rectifica su política. La queja aparece recogida en un informe preparado por el consultor jurídico de la asociación, José Ortega, que harán llegar a la UE.

El documento enumera las distintas denuncias sobre posibles abusos cometidos por la Dirección General de Costas en la ejecución de los deslindes, procedimiento por el que el Estado recupera el dominio público y que está previsto por la Ley de Costas de 1988.

El informe señala que docenas de expedientes se han tramitado por el procedimiento de ratificar el deslinde anterior, de forma que no se comunica a los propietarios de la zona. Muchos afectados, según Ortega, han perdido sus propiedades sin siquiera saberlo.

Entre otros casos, la Plataforma, que se constituyó en Valencia el pasado lunes, destaca las expropiaciones de viviendas en la playa de Venecia en Gandía o las de L'Armardà en Sagunto. Un procedimiento similar, según el informe, al que el Ministero de Medio Ambiente ha empleado en la playa de Otur (Asturias) o en la Barceloneta (Barcelona).

La Plataforma también denuncia que la Ley de Costas se aplica con criterios diferentes para los propietarios de viviendas preexistentes "y no contra los constructores o promotores".

Aún más grave, según los afectados, es el hecho de que el Ministerio de Medio Ambiente permanece "indiferente ante la regresión de la costa y sus efectos sobre el dominio público" y las propiedades. Critican que Costas "no hace nada" en los casos en los que los puertos causan una erosión grave en el litoral de manera que el mar inunda playas y tierras de cultivo.

Cuando una zona está en situación de grave regresión, la Plataforma asegura que el Ministerio hace primero un deslinde que abarque suelo tierra adentro y sólo después procede a su regeneración, de forma que le facilita la expropiación. El informe pone como ejemplo lo que está ocurriendo en el paraje El Brosquil de Cullera.

Otra de las denuncias que consta en el informe es que los deslindes determinan la "línea" arbitrariamente. Así, destacan que el que afecta al hotel Sidi Saler y a la urbanización La Casbah "incorpora pasajes literalmente copiados de una página web con copyright".

A las denuncias se suma la de que Costas aplica de forma retroactiva la ley. El informe destaca que se emplean mapas geológicos para determinar dónde se encontraban las dunas a proteger en tiempos remotos, como sucede en el deslinde de El Saler.

También apuntan que Costas está aplicando la ley "con criterios y efectos dispares, creando desigualdades". En el informe que se presentará ante la UE, se pone el ejemplo de que el relleno artificial de dunas o cauces son, en unos casos, motivo para declarar los terrenos pertenecientes al dominio público, como ha ocurrido en Alboraya. En cambio, en otros casos, actúan de forma distinta. La Plataforma afirma que las obras artificiales sobre suelo de dominio público no modifican su calificación de uso público, como en Arenales del Sol (Elche) donde se van a derribar 19 torres. No ocurre así en aquellas zonas donde Costas construye un paseo marítimo sobre la arena.

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