El Gobierno ya ha impulsado el derribo de más de medio centenar de edificaciones en el litoral

Una de las prioridades del Ministerio de Medio Ambiente desde 2004 ha sido terminar el deslinde (proceso de recuperación de los terrenos pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre) previsto en la Ley de Costas de 1988.

Tras cuatro años, el Ministerio considera que su actuación ha sido muy positiva, ya que tan sólo quedan seis kilómetros por deslindar en la Comunitat Valenciana.

Para los afectados, en cambio, la legislatura no ha sido tan positiva, ya que denuncian que han perdido o pueden verse privados de sus propiedades sin percibir, en algunos casos, indemnización alguna. Ante ello, el pasado lunes decidieron constituir en Valencia la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas que reúne a más de 2.000 personas, 1800 de ellos valencianos.

El asesor jurídico de la asociación, José Ortega, explicó ayer a LAS PROVINCIAS que no estaban "en contra de que se derriben las construcciones ilegales, sino de los métodos que se utilizan que están vulnerando principios básicos como la no retroactividad de la ley o la igualdad en su aplicación".

Representantes de la plataforma tienen previsto reunirse con el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez la próxima semana para hacerle llegar sus quejas. Ortega advirtió de que "vamos muy en serio y creo que el Ejecutivo todavía no se ha dado cuenta".

Los derribos

El Ministerio de Medio Ambiente ha ordenado durante estos años el derribo de medio centenar de edificaciones. La jefa de Costas en la Demarcación de Valencia, Lidia Pérez, anunció a fines del pasado mes de noviembre la inminente demolición de otras 50 construcciones en el litoral.

Estas actuaciones contrastan con las declaraciones que el delegado del Gobierno en la Comunitat, Antoni Bernabé, hizo al conocer la constitución de la plataforma en las que afirmó que en estos momentos tan sólo se estaban realizando los deslindes, mientras que los derribos sólo eran puntuales.

Un estudio del departamento de Cristina Narbona presentado en octubre propone, incluso, el "esponjamiento de la costa", un eufemismo para definir los derribos, que deben realizarse para recuperar el litoral, con una mención especial a la costa mediterránea. El secretario general de Territorio y Biodiversidad del Ministerio, Antonio Serrano, afirmó rotundo que en la legislatura se habían demolido más de 1.200 edificaciones en la costa.

Alicante ha sido una de las provincias que más derribos ha contabilizado de toda España. Sólo en 2005 el Ministerio derruyó12 construcciones en municipios. En Guardamar del Segura se han abatido una decena de chalets y un restaurante. En la ciudad de Alicante se ha demolido un chiringuito en Playa de San Juan, una vivienda y un almacén. En Dénia, un muro de hormigón y cinco chalets; en Calpe, otros dos inmuebles; en Santa Pola, un embarcadero y un búnker y en Elche y El Campello, sendas viviendas.

Sagunto ha sido una de las zonas más afectadas. El Gobierno ha derribado el Bar Pepita, un restaurante con más de cien años de historia, además de una estación de bombeo y unos corrales. Según destacó Ortega, Costas está a punto de actuar contra más de un centenar de viviendas en la playa de l'Armardà para construir un paseo marítimo "en secreto, sin permitir que nadie vea el proyecto". En El Puig se derribó un restaurante en 2005. Oliva también ha sufrido la demolición de un restaurante, un camping y un muro de hormigón. En Massalfassar, se han tirado varias terrazas de restaurantes y un edificio.

La actuación de Costas en la provincia de Castellón ha sido menos intensa. El municipio de Moncofa ha sido el más afectado con cuatro demoliciones. Pero la situación puede cambiar, ya que cerca de 300 chalets de Nules pueden verse afectados por la regresión del litoral marino ante la pasividad de Costas, según denuncia la asociación de afectados.

jsanchis@lasprovincias.es