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RAFA MARÍ
Domingo, 13 de enero 2008, 02:07
Con el decisivo respaldo político del conseller Ciprià Ciscar, Tomás Llorens fue el gran impulsor teórico y organizativo del IVAM, que dirigió sin llegarlo a inaugurar en 1989. La cultura valenciana le debe ese logro. Se marchó a Madrid para dirigir el Museo Nacional Reina Sofía y luego ser el conservador-jefe del Museo Thyssen-Bornemisza. En 1986 avaló desde su Dirección General de Patrimonio de la Comunitat, el proyecto de reforma del Teatro Romano de Sagunto, una intervención radical que el Supremo ordena ahora demoler. La situación actual es angustiosa.
-¿Qué cree que pasará de aquí a año y medio? ¿Se llevará finalmente a cabo la demolición?
-Veo muy difícil que no se cumpla el fallo del Tribunal Supremo. Se tendrá que cumplir necesariamente. Ahora mismo no veo caminos de salida para la situación.
-¿Cuál es su opinión sobre la obligación de demoler la reforma?
-Significa una pérdida lamentable para el futuro cultural de la Comunitat Valenciana y para su patrimonio arquitectónico.
-Mucha gente opina que la intervención fue excesiva, una 'pasada', por decirlo coloquialmente.
-Es una excelente intervención. El último manual italiano de arquitectura califica esta reforma como uno de los mejores ejemplos arquitectónicos del siglo XX. Es la obra más importante de Giorgio Grassi, uno de los arquitectos europeos más destacados de su generación. La restauración ha sido alabada por muchísimos expertos.
-No por todos.
-Pero sí por muchísimos arquitectos y especialistas de gran prestigio. Además, la intervención dinamizó el teatro como centro de actividades culturales.
-¿La sentencia obliga a demoler el escenario de nueva planta o sólo el recubrimiento de las gradas con piedra travertina?
-No he leído el fallo en toda su extensión. Pero sé que habla de reversión del edificio histórico a su estado original antes de la intervención.
-Usted dice que en los 80 los redactores de Ley de Patrimonio español elogiaron la intervención.
-Ese es uno de los puntos más desconcertantes del fallo del Tribunal Supremo. Antes de empezar la intervención en el Teatro Romano de Sagunto, el proyecto de Grassi y Portaceli se expuso en el Colegio de Arquitectos de Madrid, situado justo enfrente del Ministerio de Cultura. Si no se expuso en el ministerio fue porque allí no se disponía de una sala de exposiciones. El mismo equipo ministerial que redactó la Ley de Patrimonio conoció el proyecto y lo apoyó. La intervención, por tanto, no transgredía la normativa. Ahora, 20 años después, la sorprendente decisión que obliga a demoler la intervención me lleva a decir que aquí hay algo que no cuadra.
-¿Qué opina Grassi del fallo del Tribunal Supremo?
-Está muy disgustado. Ya le deprimió en su momento que la intervención se convirtiese en los años 80 y 90 en una batalla más política que cultural. Hay que tener en cuenta además una cuestión importante: la sentencia del Supremo perjudica a los autores del proyecto y su derecho a la propiedad intelectual. Y sin embargo, antes de dictar el fallo no se ha llamado a Grassi. Grassi no ha sido escuchado. Ni Portaceli. Habría que haberles dado la oportunidad de defender su proyecto ante el Supremo. No han podido hacerlo.
-En aquel momento muchas voces autorizadas vieron que la reforma iba demasiado lejos. Y se dijo.
-Grassi y Portaceli estudiaron en profundidad la situación de las ruinas romanas. El estudio reveló que desde principios del siglo XX hasta 1970, aproximadamente, en el teatro romano se habían realizado unas 30 intervenciones. Esa documentación, basada en un estudio de Carmen Aranegui, catedrática de Arqueología de la Universitat de València, dejó claro que la mayor parte de la cávea ya no era romana.
-¿La mayor parte? ¿En qué proporción exactamente?
-El 70% u 80% de las piedras de las gradas no eran romanas. Procedían de las intervenciones realizadas en el siglo XX.
-¿Qué valoración hace de las intervenciones del siglo XX?
-Fueron intervenciones hechas sin criterios arqueológicos.
-La consellera de Cultura, Trinidad Miró, considera el fallo del Supremo 'un marrón'. Dice que estudiará todas las posibilidades antes de acatar la sentencia.
-Esas declaraciones la honran. La situación merece hacer un esfuerzo.
-¿La sentencia acabará generando una nueva batalla política?
-Estoy muy alejado actualmente de la política. Pero la sentencia está para ser ejecutada. Aunque habría que buscar algún camino jurídico que impida la demolición.
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