Los afectados denuncian "arbitrariedad" en la aplicación de la Ley de Costas y piden derruir el planetario de Castellón

La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas ha solicitado a los partidos políticos con representación en Les Corts que abran una comisión de investigación para esclarecer los "abusos" cometidos en la aplicación de esta normativa en la Comunitat, según ha informado hoy su abogado, José Ortega.

Esta asociación ha enviado a los grupos parlamentarios un informe de 106 páginas en el que se detalla en qué casos consideran que la Administración se ha extralimitado, documento que también será remitido al Parlamento Europeo a principios de febrero, tal y como anunció la plataforma el pasado día 18.

El representante jurídico de este grupo de afectados ha reconocido, sin embargo, no tener muchas esperanzas en que prospere su petición, ya que los dos principales partidos en el Parlamento valenciano tienen, en su opinión, "muchas vergüenzas que esconder" en este asunto.

"Los culpables de esta situación son la camarilla de ingenieros que ocupan puestos en la Dirección General de Costas desde hace 10 ó 15 años", ha agregado.

Ortega ha denunciado la arbitrariedad de este organismo a la hora de aplicar la ley , y ha exigido que se desmonte el Parque Litoral y el planetario construidos sobre el campo de dunas anexo a la playa del Pinar, en el Grao de Castellón.

El abogado de esta plataforma ha recordado que los campos de dunas de El Saler (Valencia), Arenales del Sol (Elche) y Santa Pola han sido declarados "de dominio público, haya lo que haya encima y con carácter retroactivo", por lo que exigen que se actúe de la misma forma en Castellón.

De ser aprobada esta solicitud, "la Generalitat debería levantar el Parque Litoral y restaurar el campo de dunas, además de dar explicaciones a la UE de por qué se ha construido con fondos europeos una obra ilegal", ha asegurado Ortega.

Ha expresado su desconfianza en que se indemnice a los afectados por los derribos, como dijo el pasado día 8 el subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Antoni Bernabé.

"Eso es un cuento. Que le pregunten sino al propietario del restaurante 'La Pepita', a quien le han exigido 83.000 euros para financiar la demolición", ha señalado.

El representante jurídico del grupo de afectados ha afirmado que tanto Bernabé como el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez, "hablan sin saber".

La plataforma agrupa a más de 2.000 personas en la Comunitat Valenciana, según su promotor.