El Gobierno aprueba el deslinde que permite derribar el Hotel Sidi Saler

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la orden ministerial de 21 de diciembre de 2007 por la que se aprueba el deslinde en el que se considera que el Hotel Sidi Saler y la urbanización contigua de La Casbah quedan fuera del ordenamiento legal. Es el primer paso del proceso que puede terminar con el derribo de las edificaciones.

El deslinde, proceso por el que el Gobierno recupera el dominio público marítimo-terrestre, responde a la aplicación de la Ley de Costas de 1988. Una vez aprobado este proceso se inician los trámites que pueden llevar a la demolición de las edificaciones que se encuentran dentro del espacio delimitado por el Estado.

La orden publicada ayer supone un primer paso para el posible derribo. Los afectados por el deslinde han denunciado, a través de la Plataforma Nacional contra la Ley de Costas, que la línea que ha aprobado el Ministerio de Medio Ambiente "crea islas de forma arbitraria". De hecho, el hotel se construyó en 1974 con todos los permisos legales. Ahora su futuro es incierto.

En el caso de La Casbah, la situación es especialmente complicada, ya que, según denunciaron desde la plataforma, algunos propietarios están aún pagando la hipoteca y pueden ver su casa derribada.

El tramo de costa afectado por el deslinde es de unos 3.900 metros de longitud, comprendido entre el Camino de la Rambla y Gola del Puchol, en el término municipal de Valencia, según se define en los planos fechados en julio de 2006 excepto las hojas número 64, 65 y 66 fechadas en julio de 2007, y firmadas por la jefa de la Demarcación y por el jefe de Servicio de Gestión del Dominio Público.

Así, la orden ministerial, notificada el 21 de diciembre de 2007, insta a la Demarcación de Costas de este departamento en Valencia a que inicie las actuaciones conducentes a rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado.

La orden establece el plazo de un año para solicitar una concesión a los titulares de terrenos que pudieran acreditar su inclusión en alguno de los supuestos contemplados en la Ley de Costas, como restaurantes o establecimientos similares.

Los interesados podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un mes ante la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, o, directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas denunciará al Gobierno ante la Unión Europea al considerar que la ley se está aplicando incorrectamente. El problema radica, según los afectados, en que la definición del dominio marítimo-terrestre que contempla la Ley de Costas es ambigua. La delimitación de la parte del litoral propiedad del Estado se basa en criterios como el alcance máximo del agua tras un temporal o ser una zona rodeada de arena. Para ellos, el Ejecutivo se basa en esta ambigüedad para ejecutar deslinde de dudosa legalidad.

Lo más grave, destacan desde la Plataforma, "es que el Ministerio de Medio Ambiente está aplicando la ley de forma retroactiva, algo que vulnera la Constitución".

jsanchis@lasprovincias.es