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J. SANCHIS
Sábado, 26 de enero 2008, 03:09
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, iniciará una investigación sobre la aplicación de la Ley de Costas que está realizando el Gobierno central. La magistratura ha respondido afirmativamente a la petición que le fue formulada por la Plafaforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas.
Los afectados por los deslindes, proceso por el que el Estado recupera la propiedad del dominio público marítimo terrestre, remitieron la queja al Defensor del Pueblo a principios del mes de enero, cuando se constituyeron como asociación. También la enviaron a otras instituciones, entre ellas, a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Pese a ello, Narbona aseguró esta misma semana que no conocía el informe que la había hecho llegar la plataforma.
Los propietarios mantienen su intención de acudir ante la Unión Europea a la que presentarán el documento que han remitido a las instituciones españolas.
El informe de la plataforma recoge los abusos que, en opinión de los afectados, está cometiendo el Gobierno en la aplicación de la Ley de Costas de 1988. Denuncian que existe un trato diferente dependiendo de quien sea el afectado. Así, llaman la atención sobre la aplicación rigurosa contra los propietarios de viviendas preexistentes, pero no contra los constructores, promotores de obras y empresas en general.
En cuanto al deslinde de El Saler, que afecta al hotel de cinco estrellas y a la urbanización La Casbah, la Plataforma se mostró rotunda y afirmó que en este paraje "no habrá derribos y el hotel continuará con su actividad".
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Antoni Bernabé, insistió ayer en que "no habrá derribos en la zona de El Saler". El delegado quiso recordar que todas las actuaciones derivadas del cumplimiento de la Ley de Costas del año 1988 se harán en consenso con los afectados por la nueva delimitación.
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