Costas consensuará con los cien afectados de Sagunto el derribo de sus propiedades

"No vamos a entrar con las máquinas y arrasar con todo". De esta manera ha rechazado la dirección de Costas en Madrid que se vaya a realizar una destrucción "masiva" de los inmuebles de Sagunto, que se sitúan dentro del dominio público marítimo y terrestre.

Antes de llegar a este límite, el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente ha comunicado que intentará llegar a un consenso con las más de un centenar de afectados del municipio, con la finalidad de alcanzar una solución.

"Sabemos que ellos tienen sus derechos y hay que respetarlos", afirmaron fuentes de Costas. Por ello, el Ministerio ha comenzado a solicitar toda la documentación de los inmuebles afectados por el deslinde de Costas a sus propietarios, con el objetivo de comprobar si son verdaderamente los dueños y cuándo se construyeron los edificios.

Y es que este aspecto es importante pues, según explicaron desde Costas, no es lo mismo que la vivienda o el local se haya construido antes de la Ley de 1988 que después. "Los que son anteriores a esta ley son legales, pero los que se edificaron después del 88 no deberían estar en terrenos de dominio público marítimo y terrestre", matizaron las mismas fuentes.

Escritura

No obstante, Costas intentará llegar a un consenso con todos los afectados por el deslinde, independientemente de la fecha de la escritura del inmueble, antes de iniciar los derribos.

Sin embargo, el abogado de los vecinos, José Ortega, duda a la hora de llegar a un acuerdo y teme la futura demolición de las casas y negocios que se han visto involucrados en este proceso.

"Les da igual lo que hagan, si la escritura es antes del 88 o no, ya que presenten lo que presenten los van a derribar igual", criticó Ortega, el letrado de la Plataforma contra la Ley de Costas. "Ojalá me equivoque", apuntó este profesional que se ha convertido en el abogado especialista en deslindes de todo el país.

Ortega argumentó que los más de cien afectados en Sagunto tienen "muchas posibilidades de quedarse en sus casas durante 60 años más".

En este sentido, el abogado defendió el "derecho a la concesión, si la escritura está dada de alta en el registro y si el inmueble se construyó antes de la primera ley de Puertos, que data del año 1880". Y en esta línea trabajará el letrado para impedir el derribo de más de cien ocupaciones de suelo marítimo terrestre en el término municipal de Sagunto.

El abogado hizo estas declaraciones a LAS PROVINCIAS justo antes de presentar en el Parlamento Europeo un informe avalado por más de 2.000 ciudadanos, en el que denuncia "la aplicación abusiva y retroactiva" de la norma en el litoral español.

En este mismo escrito, la Plataforma contra la Ley de Costas solicita a los europarlamentarios que una comisión de inspectores de la Unión Europea (UE) vigile la aplicación de la normativa.

La razón, según la Plataforma, es que miles de viviendas "pasan a ser propiedad del Estado debido a estos deslindes retroactivos, dejando a los propietarios legales en la más absoluta ruina".

Expedientes

De esta manera, la asociación denuncia que a partir de la aprobación de los expedientes de deslinde, "dichos propietarios no pueden vender su vivienda, no puede ser heredada ni hipotecada, en caso de necesidad económica, y quienes ya tuvieran una hipoteca deberán seguir pagándola aunque le derriben el edificio".

Ahora el Ministerio de Medio Ambiente ha tendido la mano a los afectados, a menos de dos meses de las elecciones generales, con una promesa de intentar llegar a un consenso antes de llegar al límite de los derribos.

Sin embargo, esto no va a evitar que la Plataforma contra la Ley de Costas paralice su lucha para evitar la demolición de más de 2.000 inmuebles de todo el país.

morvedre@lasprovincias.es