El Gobierno baraja construir dos almacenes subterráneos de CO2 en Alicante y Castellón

El Ministerio de Industria ha registrado, a propuesta de la Fundación para Estudios sobre la Energía, diez posibles emplazamientos en España para el almacenamiento de dióxido de carbono, según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En estos enclaves podría almacenarse CO2 mediante diferentes técnicas de captura y secuestro de carbono (CCS) y reducirse con ello las emisiones a la atmósfera de este compuesto.

Dos de los enclaves designados por el Ministerio de Industria se sitúan en la Comunitat Valenciana. El Almacén 2, como lo ha definido el departamento de Joan Clos, estaría ubicado entre las provincias de Castellón y Teruel. El número 6 se situaría entre las de Alicante y Murcia.

El resto de almacenes registrados se localizan en las provincias de Palencia, Madrid, Asturias y Vizcaya. En Cantabria hay planeadas otras dos, así como entre Zaragoza y Tarragona y entre Cuidad Real y Albacete.

En el patronato de la Fundación para Estudios sobre la Energía participan, además del propio Ministerio de Industria, representantes de la Universidad Politécnica de Madrid, de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), entre otros.

En estos momentos, ya hay un proyecto piloto en el yacimiento de Sleipner en el Mar del Norte (Noruega), en el que desde 1996 se han almacenado un millón de toneladas de desechos de dióxido de carbono al año.

Otro proyecto similar se está desarrollando en la provincia canadiense de Saskatchewan, donde el gas que se extrae de la hulla se almacena en una cámara subterránea de un yacimiento de petróleo.

El objetivo de esta iniciativa es almacenar la mayor cantidad posible de CO2 para controlar las emisiones a la atmósfera. Se trata de proceder a la toma del dióxido de carbono que producen plantas, centrales térmicas, eléctricas o cualquier instalación similar y, en lugar de lanzarlo a la atmósfera, inyectarlo bajo tierra a suficiente presión para que quede allí inerte. La tecnología ya se emplea en los pozos petrolíferos de EE. UU.

La primera planta experimental de captura de CO2 en España se pondrá en marcha en El Bierzo (León) en 2009. En la construcción de este complejo participarán las empresas Foster Wheeler Energía (Fwesa) y Praxair. El proyecto está promovido por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat).

El Ciemat construirá una central térmica experimental de cinco megawatios. Los científicos intentarán abaratar la tecnología de combustión y absorción de C02.

En primer lugar tratarán de aumentar la cantidad de dióxido de carbono hasta niveles del 40%. El paso siguiente es captar a través de unos filtros o diversos mecanismo físicos el dióxido de carbono.

El coste actual del proceso es de 30 euros por tonelada de CO2 y el proyecto intenta hacerlo rentable. Fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS resaltan que el proceso únicamente se podrá utilizar en el caso de las centrales térmicas, ya que es en ellas donde se produce la concentración necesaria de CO2 para que sean rentables. De hecho, las plantas que funcionan con carbón son las causantes del 40% de las emisiones de gases invernadero.

El dióxido de carbono ya capturado, sometido a alta presión, se puede licuar y se vuelve una especie de líquido viscoso transportable para inyectarlo en conductos subterráneos.

El coste de construcción y puesta en servicio de esta planta ronda los 70 millones de euros, y su funcionamiento permitirá la realización de ensayos científicos y la adquisición de la experiencia necesaria para la construcción de plantas de tamaño industrial.

Precisamente ayer se inauguraron los nuevos laboratorios y centros piloto del Instituto Nacional del Carbón, entidad perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Las nuevas instalaciones cuentan con una planta piloto para la captura de dióxido de carbono.

Cambio climático

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió un informe de más de un centenar de expertos en la Conferencia sobre el Clima de Montreal en 2005 exigiendo medidas para frenar la emisión de gases invernadero.

El informe señalaba que la captura de las emisiones de dióxido de carbono de fábricas y centrales térmicas para luego bombearlas a través de tubos en la roca o el fondo marino puede contribuir a controlar los gases que se vierten a la atmósfera. Los científicos barajaban como principal posibilidad el almacenamiento en pozos petrolíferos ya inutilizados.

El depósito del dióxido de carbono podría reducir, según el informe, entre un 20% y un 40% las emisiones hasta 2050.

Muchas de las tecnologías necesarias para llevar a la práctica este almacenamiento de CO2, según el informe, ya están suficientemente maduras, incluyendo las aplicaciones que inyectan el gas en las formaciones geológicas. A pesar de ello, los expertos consideran que la implantación puede ser complicada si los gobiernos de los principales países contaminantes no incentivan el uso de estas prácticas.

El documento también resalta que el almacenamiento de dióxido de carbono puede reducir el coste global que suponen las emisiones y su efecto sobre el cambio climático, a la que vez que permitirá la estabilización de los gases de la atmósfera.

Investigaciones del CSIC afirman que existen formaciones geológicas suficientes para almacenar todo el CO2 que se emite. Según sus cálculos, el potencial de almacenamiento geológico alcanzará entre 2,6 y 4,9 gigatoneladas anuales de CO2 antes de 2020, y entre 4,7 y 37,5 antes de 2050. Además de los yacimientos ya agotados de petróleo y gas, existen formaciones salinas profundas, con una capacidad de almacenamiento muy grande.

Las mismas investigaciones sostienen que la captura del CO2 es la parte más costosa, puesto que muchas veces requiere mayor gasto de energía. Por ejemplo, para el sector eléctrico aumentaría el coste de generación en 2 céntimos de euro el Kw/h, y la captura está entre 30 y 50 euros por tonelada de CO2.

Lo que parece descartado por los científicos es inyectar el CO2 directamente en los fondos oceánicos, pues aunque quedaría aislado de la atmósfera durante siglos, se convertiría en parte del ciclo del carbono y sus efectos sobre el ecosistema marino serían desastrosos.

jsanchis@lasprovincias.es