Una ley en el punto de mira

Myriam G. Imedio

La polémica que ha levantado la ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobada el pasado mes de diciembre, empieza a notar las primeras consecuencias. La Real Federación Española de Caza (RFEC), las federaciones autonómicas y los máximos representantes de otros sectores afectados se sienten atacados por el nuevo texto, puesto que entienden que la normativa, que se aplica a la conservación del medio natural y a la caza es intervencionista, confiscatoria y, según ellos, va en contra del medio natural.

Por ello y considerando que la ley limita enormemente su actividad, cazadores de toda España han convocado una manifestación el próximo 1 de marzo en Madrid, bajo el lema "Por el campo, la caza y la conservación". La iniciativa ha desatado un cruce de declaraciones entre amantes de la caza, ecologistas y Ministerio de Medio Ambiente, con la nueva ley como telón de fondo.

La Federación de Caza ha publicado un manifiesto con 12 demandas entre las que destacan que la prohibición de la munición de plomo amenaza con restringir drásticamente la caza, el control poblacional y el tiro deportivo en más del 40% del territorio. La organización se queja de que la Administración pretende que sus terrenos y cotos de caza sean gestionados por "entidades de custodia", queja que se suma a la protesta por la prohibición o limitación de modalidades cinegéticas tan arraigadas como la perdiz con reclamo, la media veda y caza de migratorias, entre otros muchos puntos.

Distintas perspectivas

Para intentar llegar a una solución, el pasado 13 de febrero directores generales y presidentes de las federaciones autonómicas de caza, y el secretario general para el Patrimonio y de la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, mantuvieron una reunión, que resultó poco esclarecedora. Según la RFEC, la reunión se centró en la polémica levantada por la prohibición de la munición de plomo, así como la creación de un Grupo de Trabajo Cinegético dentro del Comité Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, donde estaría representada la RFEC. No se habló, en ningún caso, de la manifestación convocada, de los 12 puntos del manifiesto ni la caza en Parques Nacionales. El Ministerio, por su parte, señalaba finalizar el encuentro que la petición de cazar en espacios protegidos de este tipo donde tradicionalmente se haya demostrado su utilidad, la normativa estatal sólo prohíbe la caza comercial en los Parques Nacionales, que representan el 0,6% de la superficie del territorio, por lo que no lo considera un problema grave.

A su vez, fuentes del Ministerio mantienen que respecto al uso de munición que contenga plomo, la nueva ley incorpora la prohibición que establecía un Real Decreto aprobado en la pasada legislatura sobre tenencia y uso durante el ejercicio de la caza y el tiro deportivo. Además, concluyen esas mismas fuentes manteniendo que, en la reunión con los representantes de los cazadores, sí se trató su lista de demandas y, de su lectura, el ministerio entendió que "sólo tres tienen relación con la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad y, por lo tanto, no puede considerarse a esta norma la causa de la manifestación que ha convocado la Real Federación Española de caza el próximo 1 de marzo", añadiendo que la nueva ley "refuerza la protección de los ecosistemas y la diversidad biológica española, garantizando el ejercicio de actividades como la caza conforme a los requisitos legales que establece la Unión Europea y el ordenamiento jurídico español", según se afirma un comunicado remitido a los medios.

A favor de la ley

El tercer actor implicado en la Ley de Patrimonio Natural también se ha mostrado estos días a favor del nuevo texto legal como contrapunto a la manifestación convocada. Organizaciones agrarias como COAG y UPA, sindicatos como Comisiones Obreras y UGT, y organizaciones ecologistas como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF/Adena han puesto de relieve que los argumentos esgrimidos por los convocantes no se ajustan al contenido de la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y han mostrado su total apoyo a la nueva ley.

"Ellos dicen que con la nueva ley será más fácil la expropiación de terrenos privados, y no es cierto, en este sentido no cambia la situación respecto a las legislaciones existentes desde hace décadas. No es una ley contra la caza sino que protege la biodiversidad, algo que va incluso a favor de la actividad cinegética, además, ha habido un proceso participativo porque ha pasado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente, se han hecho muchas reuniones en las que estaban presentes representantes de cazadores", afirma Liliana Spendeler, Secretaria General de Amigos de la Tierra.