Naranjas enredadas

La batalla de la competencia en la comercialización de cítricos alcanza ya a cualquier canal de distribución y con toda su crudeza y rigor.

La Junta de Andalucía , a través de su Delegación del Gobierno de Málaga, pretende sancionar con 1.000 euros a una agricultura valenciana que vende sus naranjas por internet. Las supuestas infracciones que le achaca finalmente la administración autonómica andaluza son dos, con carácter de 'leves': "Incumplimiento en la indicación de precios" e "Incumplimiento de información en la venta de bienes".

La afectada, Leonor Parra Guerrero, de Benaguasil, rechaza tales acusaciones y pone como ejemplo de ello el contenido de dicha página web.

Los hechos se remontan a junio de 2007, cuando la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga incoó un expediente sancionador a Leonor Parra tras haber iniciado, en noviembre de 2006, una inspección sobre el contenido de la página web www.soyagricultora.com , a través de la cual ofrece la interesada la venta de los cítricos de su explotación familiar.

Rigurosidad

Esta página web es una de tantas que existen en el mercado que venden naranjas y mandarinas directamente al público, a través de la red. Los compradores hacen sus pedidos por cajas enteras, de 10 o 15 kilos, que les llegan por transporte urgente. El importe incluye todos los gastos y se abona al recibir y comprobar el producto.

En el expediente sancionador de la Junta se acusó a Leonor Parra de incumplir, supuestamente, los siguientes requisitos: "No se indican los precios por kilogramo de producto, no se indica el plazo de validez del precio fijado, no se menciona el derecho de desestimiento ni de cambio o sustitución, no se indica la forma de reclamar ni si está adherido a algún procedimiento extrajudicial para la solución de los conflictos y no se informa si se archiva el contrato realizado ni si estará accesible al consumidor". Y se citaba una dilatada legislación, nacional y andaluza, sobre la defensa de los consumidores, además de dar opción a revisar el expediente ¡en Málaga¡

Leonor Parra alegó inmediatamente, indicando que sí que figuran los precios en su web (entre 23 y 32 euros por caja, según peso total y variedad), que la caja es la unidad de producto a la venta, que los precios son válidos para toda la campaña naranjera, que no ha habido ningún perjuicio para ningún ciudadano de Málaga (la interesada no ha vendido ninguna caja en toda Andalucía ), por lo que no es de derecho tal actuación. Parra además considera que la Junta de Andalucía no tiene competencias para sancionar a ciudadanos de otras comunidades autónomas.

Respecto a la posible adhesión a procedimientos extrajudiciales señaló que tal cosa no es obligada, y que las posibles reclamaciones pueden efectuarse no pagando la mercancía (se puede abonar contra reembolso, al recibirla, mediante transferencia o tarjeta) o a través de los datos identificativos que aparecen en la web.

Exigencias

Pese a todo ello, el instructor del expediente de la Junta de Andalucía propone imponer a Leonor Parra los referidos 1.000 euros de multa, con la suma de dos sanciones de 500 euros cada una, insistiendo en que de todo el proceso se deriva "incumplimiento en la indicación de precios" e "incumplimiento de información de bienes".

Naturalmente, Leonor Parra piensa recurrir y llegar hasta el final, porque entiende que está siendo objeto de un abuso que no se ajusta a derecho, que no ha incumplido nada, que no hay ningún afectado por nada y que la Junta de Andalucía no puede sancionar a una agricultura de Valencia.

Los asesores jurídicos de Leonor Parra le aseguran que en este caso está lsiendo víctima de una situación absurda y que al final prevalecerá su derecho. Ella se siente "asediada por mayores exigencias de las que se aplican a las grandes compañías comerciales"