El comité de discapacitados denuncia que se impide a un ciego presidir una mesa electoral

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) denunció ayer la decisión de la Junta Electoral de zona de Sueca, en Valencia, de impedir a una persona ciega ejercer como presidente de una mesa electoral en los comicios del próximo día 9 de marzo. Fuentes de la entidad anunciaron que apelarán ante el Defensor del Pueblo y la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad.

Ricardo Abad Asturiano, persona ciega residente en Valencia, había sido designado presidente de mesa electoral y, debido a su discapacidad, solicitó de la Junta Electoral de zona que le permitiera desempeñar las funciones de presidente de mesa apoyado por un asistente personal de su confianza, que le ayudara en aquellas tareas que no pudiera hacer por sí mismo.

La Junta Electoral de zona denegó esta solicitud invocando un acuerdo de la Junta Electoral Central, del 29 de febrero de 2000, que establece que "la minusvalía física consistente en ceguera impide a la persona afectada por la misma el correcto desarrollo de las funciones encomendadas a los miembros de las mesas electorales, tales como identificación de los votantes, examen de las papeletas de votación y participación en el escrutinio y otras que exigen el conocimiento directo de distintos documentos, cuya adaptación al braille no está en la actualidad legalmente prevista".

También basó su negativa en que la legislación electoral no contempla la posibilidad de que un miembro de mesa ejerza sus tareas, por razón de su discapacidad, ayudado por otra persona.

El CERMI entiende, no obstante, que esta decisión constituye una discriminación prohibida por la Constitución Española y la Ley de No Discriminación.

Por todo ello, el comité pidió a la Junta Electoral Central que revoque el acuerdo del año 2000 y que admita la figura del asistente personal, con las garantías que sean necesarias y al amparo de la Ley de Dependencia. Asimismo, el CERMI reclamó la intervención urgente del Defensor del Pueblo y la Oficina del Consejo Nacional de la Discapacidad.