García-Gasco afirma en su pastoral del 9-M que negociar con terroristas viola los derechos humanos

El cardenal arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, volvió ayer, un día después de ser reelegido presidente de la Comisión de la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal, a reafirmar su posición sobre el terrorismo, la familia, la defensa de la vida o el derecho de los padres a educar a sus hijos. Lo hizo en la carta que dirigirá a los católicos el 9 de marzo.

La pastoral, última que escribe antes de las elecciones no deja en el tintero ninguna de las cuestiones que han tensado las relaciones entre la Iglesia española y el Gobierno socialista durante los últimos meses: las negociaciones con ETA, el matrimonio homosexual, la ley del divorcio exprés o la asignatura Educación para la Ciudadanía.

El documento, que lleva por título , invita a los fieles católicos a plantearse la necesidad de la defensa de los derechos humanos y de la familia porque son "una urgencia social que debemos respaldar con todas nuestras actuaciones privadas y públicas y en todas las circunstancias para construir entre todos un futuro mejor que el actual".

En la línea con el documento que la Conferencia Episcopal emitió el pasado 30 de enero ante las elecciones generales, el prelado incide en el tema del terrorismo. Para el arzobispo, "el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad".

Entre ellos, García-Gasco sitúa la comisión de atentados o las actuaciones que vienen a situar "a los terroristas como representantes válidos de la sociedad".

El cardenal se muestra en su pastoral muy claro e ignora las críticas lanzadas contra el documento de la Conferencia Episcopal del 30 de enero. García-Gasco advierte con contundencia de que considerar a los terroristas "como interlocutores representativos de la sociedad, es un grave error que ofende a la cultura de los derechos humanos". Ante ello, el purpurado sostiene que propuestas como esta "jamás merecen ser escuchadas. Nunca son oportunidades para la paz. Siempre prolongan el desprecio a la dignidad humana".

El arzobispo de Valencia, además, aprovecha la carta pastoral para defender el derecho constitucional de la Iglesia católica a expresar su opinión sobre la realidad social como cualquier otro colectivo o ciudadano. Lejos de amilanarse ante las críticas vertidas a los obispos, especialmente desde el PSOE y los partidos de izquierda, García-Gasco alude a la Declaración Universal de los Derechos Humanos para defender sus argumentos.

Recuerda que la Declaración considera que se ha proclamado "como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos (...) disfrutan de la libertad de palabra y de la libertad de creencias".

Las críticas de los socialistas y partidos de izquierda contra el documento de la Conferencia Episcopal sobre las elecciones encuentran de esta forma respuesta en la pastoral del arzobispo de Valencia. El cardenal señala así que nadie puede usar "el poder político para coartar la libertad de palabra y de creencias de quienes tienen propuestas políticas distintas".

García-Gasco llega a afirmar que en los últimos años y meses "hemos asistido al lamentable espectáculo de quienes bajo capa de defender la laicidad, pretendían acallar a quienes ejercemos nuestra libertad de palabra y de creencias".

El arzobispo afirma que cuando "la legítima laicidad del Estado aparece como excusa para atacar las libertades de los demás se convierte en un laicismo radical que atenta contra la libertad religiosa y cuyas últimas consecuencias resultan imprescindibles".

Derechos de la familia

La carta pastoral del 9 de marzo incide también en la cuestión de la familia y reafirma la posición de la Iglesia en la defensa del matrimonio. Un planteamiento por el que la Iglesia española ha sido duramente criticada por el Partido Socialista y las formaciones de izquierda.

Agustín García-Gasco relaciona la defensa de la familia con los derechos humanos basándose en la Carta de los Derechos de la Familia proclamada por la Santa Sede en 1983. Así, afirma que ni el Estado ni grupo humano alguno puede realizar acciones tendentes a suprimirlos.

Con la misma contundencia con la que condena el terrorismo, el cardenal afirma que la dignidad humana "se ve amenazada cuando el matrimonio entre varón y mujer queda diluido en la legislación del Estado generando confusión en la sociedad".

La carta incide en otras cuestiones como la educación, el derecho a la vida o el respeto a los discapacitados. En su opinión, no se respeta la dignidad humana cuando se apoya el aborto y la eutanasia y no se defiende la vida "desde la concepción hasta la muerte natural".

En cuanto a la educación, el arzobispo aprovecha para hacer una velada referencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía y expone que la dignidad humana también se ve cercenada "cuando no se garantiza el derecho de los padres a la educación de sus hijos, especialmente a la educación de la sexualidad humana".

También pide al Estado respeto al derecho a los padres a elegir centro escolar. El arzobispo concluye expresando que las libertades civiles "no pueden ser argumentadas para vaciar de contenido el matrimonio y la institución familiar, reduciéndolas a meras asociaciones voluntarias".

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