El Supremo autoriza la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar y rechaza el recurso vecinal

Finalmente, se hará la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez de Valencia hasta el mar. El Tribunal Supremo desestimó ayer los recursos presentados por dos asociaciones vecinales contra el plan urbanístico del Cabanyal, dando así carpetazo a casi diez años de litigios judiciales. El auto declara que no es competente al tratarse de legislación autonómica en materia patrimonial.

Los procuradores de las partes fueron citados por la mañana para escuchar la lectura del fallo. Al parecer, la huelga de funcionarios de Justicia ha causado que la sentencia no sea entregada hasta dentro de unos días. El recurso de casación de Salvem el Cabanyal era el último obstáculo para el planteamiento del gobierno municipal, que aprobó en 1999 lo que dejó pendiente el Plan General años antes.

Así las cosas, nada parece ya impedir que la avenida Blasco Ibáñez prosiga hacia el mar al este de la estación del Cabanyal. La anchura del bulevar será de 48 metros, aunque en los laterales se derribarán también inmuebles para promover la construcción de viviendas de promoción pública. Una rotonda justo al norte del hotel de Las Arenas supondrá el final de la prolongación.

Los arquitectos Corell y Monfort son los redactores de la propuesta que pasó por el pleno municipal. La tesis de Salvem el Cabanyal ha sido siempre promover la rehabilitación del barrio sin derribos, mientras que el plan avalado ayer por el Tribunal Supremo prevé la demolición de 1.651 viviendas, con una afección a 1.951 vecinos.

La asociación vecinal encontró en la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la Generalitat de 1993 un instrumento en el que basar su oposición. La zona protegida cruza literalmente la prolongación de la avenida, en un rectángulo formado por las calles Pescadores, Amparo Guillem, Escalante y Doctor Lluch.

Aún así, el Tribunal Superior de Justicia dio la razón al Ayuntamiento, que ha realizado ya varias inversiones públicas, a la espera de que se desbloqueara la parte del barrio afectada por la suspensión del recurso de casación. En 2004, el Supremo accedió a que se paralizase cualquier obra en este ámbito.

Fuera de dichos edificios, el gobierno municipal ha acometido estos años mejoras en el Cabanyal como el jardín de la Remonta, el Molino del Arroz y la reforma de la Casa de la Reina, hoy convertida en biblioteca. No obstante, la inversión principal ha consistido en la rehabilitación del antiguo cine Musical para un teatro que lleva el mismo nombre. En total, 16 millones de euros sólo en equipamientos públicos. El gobierno municipal contabiliza también 1,5 millones de euros para la renovación del alumbrado público. Es el caso de calles como Doctor Lluch, Reina, Barraca y la avenida de los Naranjos.

Después de la aprobación del plan, Ayuntamiento y Generalitat pusieron en marcha la oficina Cabanyal 2010, en colaboración con varias empresas privadas que entraron como socios minoritarios. El propósito de la entidad es atender al público sobre consultas relacionadas con actuaciones públicas, así como valoraciones para operaciones de compra venta de viviendas.

En total, desde su creación se han registrado 160 casos de este último tipo. Los vecinos afectados por las expropiaciones deben ser realojados en el mismo barrio, en el caso de que lo reclamen, por lo que la oficina ha atendido 522 peticiones de arrendamiento.

De los 169 inmuebles comprados en los últimos años, 62 han sido en la calle San Pedro. Es en esta zona donde se han concentrado los esfuerzos del gobierno municipal, fuera del ámbito protegido. Los residentes han recibido ya las primeras notificaciones de expropiación.

Otra de las inversiones destacadas del Consistorio desde los años 90 se ha centrado en la renovación y construcción de una red de alcantarillado. En total, 35,4 millones repartidos entre nuevos colectores, estaciones de bombeo y el llamado depósito de tormentas.

Todo esto no ha impedido que en la parte afectada por la prolongación de Blasco Ibáñez se haya registrado una fuerte degradación urbanística. Los vecinos han denunciado el incremento del tráfico de drogas y la ocupación ilegal de viviendas.

La Policía Local realizó hace escasas fechas hasta 82 intervenciones para desenganchar cables de la luz y tomas de agua de la red pública realizadas sin permiso. Este dispositivo se extendió después a Nazaret con el propósito inicial de clausurar vertederos ilegales de residuos.

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