Los extranjeros expropiados en la costa recurren a sus embajadas para que protesten al Gobierno

No se quedarán con los brazos cruzados. Los extranjeros afectados por las expropiaciones que promueve el Ministerio de Medio Ambiente en la costa valenciana están dispuestos a hacer lo imposible para defender sus posesiones. De momento, ya han comenzado a enviar cartas a sus respectivas embajadas informando de los derribos y pidiéndoles que actúen. "Los ciudadanos extranjeros en la Comunitat afectados por los deslindes están enviando misivas quejándose de la situación que sufren", aseguró José Ortega, portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas.

El objetivo es que las embajadas tomen cartas en el asunto y pidan explicaciones al Gobierno español sobre las actuaciones. "Las misivas detallan cada caso y argumentan la arbitrariedad con la que se fijan los derribos para aplicar la Ley de Costas. Todas instan a las delegaciones a que protesten por cómo tratan a sus súbditos y por la situación injusta que están viviendo. Lo primero que demuestran los escritos es que no se trata de casos aislados sino que los derribos son masivos", aseguró Ortega.

Emmanuel Cabale ya ha remitido la suya a la embajada francesa en Madrid. Él es uno de los afectados por la Ley de Costas. En 2003, este ciudadano galo compró un apartamento de 92 metros cuadrados en la urbanización de La Casbah, donde vive con sus dos hijos. Ahora ha recibido una notificación del Ministerio de Medio Ambiente anunciándole que su propiedad está dentro de los límites de protección.

"Es un robo. Hace cinco años compré un apartamento legalmente en el Saler. Incluso la escritura especificaba que la casa estaba fuera de la zona de los deslindes promovidos por el Gobierno para aplicar la Ley de Costas. Ahora mi propiedad pasa a ser una concesión", lamentó Emmanuel.

La legislación de Costas establece que las propiedades privadas afectadas por las delimitaciones pasan a ser concesiones del Estado, por un periodo de 30 años prorrogable a otros 30 más. Sin embargo, los expropiados temen que no se cumplan esos plazos. "Las concesiones te las pueden quitar. Así ha pasado en Guardamar del Segura. A algunos afectados que las aceptaron, el Estado se quedó luego las propiedades dándoles unas cantidades de dinero", denunció Emmanuel.

Como él, muchos otros afectados ya han comenzado a enviar sus cartas denunciando su caso. Los que ya las han mandado todavía no han obtenido respuesta de las delegaciones "porque están estudiando los casos detenidamente".

Por su parte, uno de los miembros directivos del hotel Sidi Saler -también afectado por los deslindes proyectados por Medio Ambiente- aseguró que utilizarán todos los medios que nos permita la Ley para recurrir la decisión. "Nos sentimos engañados. Te quitan algo que es de tu propiedad aplicando unos criterios de retroactividad de la norma. El edificio es de los años 70 y la ley de 1988. Ahora el Gobierno alega que está construido sobre una zona de dunas", explicó el directivo.

Tampoco el Ayuntamiento de Valencia acata esta resolución del Ministerio publicada el pasado mes de enero y que también salpica a 74 vecinos de La Casbah. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ya ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional del que todavía no hay respuesta. "Aún no tenemos novedades", aseguró ayer a LAS PROVINCIAS el concejal de Patrimonio, Alfonso Novo.

También se recurrirán por la vía contencioso-administrativa las dos nuevas zonas de deslinde de dominio público marítimo-terrestre publicados en el BOE el pasado 24 de marzo. El primero abarca un tramo de costa de 7.632 metros de longitud en la playa de Pinedo. Y el segundo está comprendido entre las Golas del Puchol y del Perellonet, de 7.100 metros de longitud.

Novo explicó que se "están ultimando" las alegaciones del recurso que presentarán ante la Audiencia Nacional. El concejal de Patrimonio recordó que el plazo no concluye hasta el próximo 24 de mayo.

Lo cierto es que las actuaciones impulsadas desde el Ministerio de Narbona para aplicar lo previsto en la Ley de Costas ha encontrado muchos opositores. De hecho, la Plataforma de Afectados por la ley, que cuenta con unas 20.000 personas en toda España, denuncia que se están cometiendo muchos abusos en la aplicación de la Ley.

Una de las principales quejas es que la norma se aplique con carácter retroactivo, una actuación que vulnera el artículo 9 de la Constitución.

Desde el año 2004, el Ministerio de Medio Ambiente ha impulsado la demolición de medio centenar de edificaciones en una docena de municipios de la Comunitat Valenciana. Sagunto, Guardamar del Segura y Alicante son algunas de las localidades en las que ya se han derribado varias propiedades.

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