El Síndic admite la queja contra el alcalde por vulnerar la ley de la Memoria Histórica
La PIC traslada la protesta al Defensor del Pueblo por la negativa a retirar los reconocimientos a Franco
L. V.
Viernes, 11 de abril 2008, 05:24
El Síndic de Greuges ha admitido a trámite la queja de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) contra la decisión del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, de negarse a retirar los títulos de "Hijo Predilecto" y "Alcalde Honorario Perpetuo" a Francisco Franco. Una queja que también ha sido formulada contra el Ayuntamiento de Alicante. La PIC ha trasladado la protesta al Defensor del Pueblo por lo que considera un acto de "arbitrariedad" por parte de Alperi y una vulneración de la Ley de Memoria Histórica.
La PIC asegura que el alcalde se negó en el pleno del pasado 22 de febrero a aplicar la Ley en vigor y rechazó la petición del grupo municipal socialista -apoyada por la Comisión de la Memoria Histórica- de retirar los citados nombramientos de Francisco Franco. En dicho pleno, además, el alcalde se negó a debatir la propuesta, que consideró "oportunista y electoralista". Asimismo, según explican desde la PIC, el primer edil "argumentó que para que la propuesta fuera debatida en pleno deberían aportarse como mínimo las firmas de 25.000 alicantinos que lo respaldaran.
En opinión de la Plataforma Según la PIC, con la imposición de esta condición, el alcalde "está supeditando el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica a un requisito no previsto por la misma, como es la recogida de 25.000 firmas, lo que en términos jurídicos es inaceptable". Esta normativa establece en su artículo 15.1 que las administraciones públicas "tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".
Por ello, según la PIC, "la petición de Alperi de recoger firmas para hacer cumplir la Ley es absolutamente arbitraria, al carecer de base legal alguna y no basarse en ninguna norma, criterio o disposición administrativa". Para la Plataforma, Alperi podría haber cometido un acto de "arbitrariedad" prohibido en el artículo 9 de la Constitución Española, que establece que los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico.
Petición estrambótica
Asimismo, la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas tacha la petición de Alperi de recoger firmas de "estrambótica y disparatada". Del mismo modo, aseguran que el alcalde con la postura que ha defendido hasta ahora con respecto a este tema "respalda, apoya y ampara al Franquismo a través de símbolos caducos sobre los que debería avergonzarse, mostrando sus esencias autoritarias y colocando a la ciudad de Alicante en primer plano de la polémica".
La PIC también hace referencia las repercusiones en el resto del país que ha adquirido "esta actitud de Díaz Alperi de apoyo al Franquismo y la indecencia política de la petición de este alcalde antidemocrático".
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