Zapatero aprobará por decreto un trasvase del Ebro a Barcelona mientras se lo niega a Valencia

Los barceloneses beberán agua del Ebro. Una de las primeras medidas que tomará el nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero será aprobar por decreto una medida para trasvasar agua del río a Barcelona. El acuerdo, pendiente de los últimos flecos, está previsto que se cierre mañana entre el Ejecutivo central y la Generalitat catalana que preside el socialista José Montilla. Es previsible que el viernes vaya al Consejo de Ministros de esta legislatura. Será una de las primeras medidas a tomar por la nueva ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, que sustituye en el cargo a Cristina Narbona.

Hace cuatro años, una de las primeras decisiones que tomo el nuevo Gobierno del PSOE fue derogar el trasvase del Ebro a la Comunitat Valenciana. Una medida tomada por decreto y que paradójicamente firmó la vicepresidenta del Ejecutivo central, la valenciana María Teresa Fernández de la Vega. Ahora, una legislatura después, la decisión es a la inversa. Un nuevo decreto para llevar agua del Ebro a Barcelona.

La obra para abastecer a la región costará en torno a los 150 millones de euros. El plazo de ejecución de la obra está previsto para seis meses y se ha planteado como una solución a los problemas de abastecimiento hídrico que ha venido sufriendo la provincia de Barcelona durante los últimos meses. El objetivo del Gobierno es darle al proyecto la máxima urgencia posible para asegurar la llegada del agua del Ebro en otoño.

Una de las primeras decisiones del equipo de Zapatero ha estado condicionada por la insistente presión del presidente catalán, José Montilla, para solucionar el déficit hídrico en Barcelona. La Generalitat catalana defendió durante semanas un trasvase desde el Segre, afluente del Ebro, como solución. Montilla incluso amenazó con iniciar las obras de conducción de este trasvase, aunque no contara con el permiso del Gobierno.

La postura del presidente catalán contó con el rechazo de dirigentes como Fernández de la Vega o la hasta ahora ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Críticas que no minaron el ánimo de Montilla, que siguió adelante con su proyecto de trasvasar agua del Segre. La vicepresidenta De la Vega ha ejercido en todo momento como intermediaria entre los dos Gobiernos.

Zapatero cedió ante las presiones de Montilla y, a pesar de no aceptar llevar agua del Segre a Barcelona, le ha ofrecido la posibilidad de trasvasar agua del Ebro a la región. Una medida que, a la vez, niega a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. El presidente de la Generalitat catalana aceptó el ofrecimiento a falta de cerrarse oficialmente el acuerdo, que se firmará por decreto.

El propio Montilla confirmó ayer en L'Hospitalet la existencia del proyecto: "La solución al problema del agua está muy avanzada. El trasvase del Segre era la alternativa, pero hemos estado viendo junto al Gobierno otras propuestas, que también le hicimos llegar al jefe de la oposición".

La obra implicará la construcción de una tubería de unos 60 kilómetros entre Tarragona y Olèrdola, donde conectará con la red Ter-Llobregat. La conducción irá paralela a la autopista AP-7. En un principio, el proyecto estaba pensado para que transcurriera soterrado. Finalmente transcurrirá en superficie porque de esta manera los plazos para ejecutar la obra se podrán acortar. La Agencia Catalana de l'Aigua emitirá un informe para ratificar la idoneidad del proyecto.

El agua del Ebro que llegará a la provincia de Barcelona lo hará a través del Consorcio de Aguas de Tarragona. Este órgano compra cada año 120 hectómetros cúbicos en derechos, que los labradores tienen concedidos para riego.

La realidad es que la provincia de Tarragona sólo consume 80 hectómetros cúbicos, por lo que sobran 40. Estos serán los que adquiera el Gobierno central para trasvasarlos hasta Barcelona a través de la tubería que irá paralela a la AP-7. La medida que aprobará el Ejecutivo de Zapatero se entiende como una solución de urgencia hasta que entre en funcionamiento la desalinizadora que hay en construcción junto al Llobregat.

Durante las últimas semanas, el Gobierno del PSOE ha puesto un celo especial en solucionar los problemas hídricos de la provincia barcelonesa. En cambio, en otros territorio como la Comunitat Valenciana la reacción no ha sido tan inmediata. Para abastecer a Cataluña se ha hablado de llevar agua en barco desde Almería; fletar trenes y ejecutar trasvases como el del Segre. Ahora, en tiempo récord, se ha llegado a una solución de urgencia con el agua del Ebro desde Tarragona.

La decisión pactada entre el Gobierno central y la Generalitat catalana ya ha encontrado las primeras críticas entre los partidos catalanes. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, señaló ayer que el trasvase del Ebro a Barcelona "demuestra la incoherencia ilimitada" del equipo que preside Rodríguez Zapatero.

El líder nacionalista aseguró que su partido en 2002 planteó una propuesta muy similar: "Entonces, los que en aquel momento practicaban la política del no y sacaban a la gente a la calle en contra del trasvase, ahora son los que lo proponen". Duran pidió tanto a Zapatero como a Montilla que no tomen decisiones "sin consensuarlo con el territorio".

Sin críticas del PSPV

El PSPV tampoco fue crítico ayer con el pacto entre Gobierno y Generalitat. La reacción de los socialistas valencianos sorprendió porque el partido siempre ha estado en contra de la salida de agua del río Ebro. El portavoz de Medio Ambiente, Francesc Signes, señaló que la solución que se plantea en Cataluña "es igual que la que se ejecuta en Valencia durante los dos últimos años". Signes defendió que se puedan comprar derechos de agua del Ebro para abastecer a Barcelona. El dirigente socialista señaló que en Valencia se adquiere agua del Júcar a los regantes manchegos para, entre otras cosas, abastecer a la provincia. "En los últimos años el Gobierno ha gastado 22 millones de euros y se han conseguido 60 hectómetros cúbicos de agua", señaló Signes.

De todas maneras, los socialistas valencianos prefieren pasar de puntillas en este asunto para evitar las comparaciones con Cataluña. La presión ejercida por el socialista José Montilla al Gobierno contrasta con la sumisión del PSPV durante los últimos años en los temas de agua, a pesar de los continuos ataques a la Comunitat de ministras como Cristina Narbona.

El pasado viernes, el portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, señaló que en las cuestiones hídricas "nunca hay dos problemas iguales". El síndic socialista afirmó que las cuestiones de agua en Cataluña las deben resolver el Gobierno y la Generalitat. Luna añadió que el que quiera buscar comparaciones "es que tiene la autoestima muy baja".