Costas tiene en vilo a 20.000 propietarios en Alicante

Al menos 20.000 personas con propiedades inmobiliarias en el litoral alicantino temen ser expropiadas por los nuevos deslindes marítimo-terrestres que realiza el Ministerio de Medio Ambiente. Sólo en la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas hay 5.000, según confirma la coordinadora de esta asociación, Carmen del Amo, una residente en la Albufereta que vive la amenaza en carne propia. Su caso está por el momento en el limbo administrativo, pero muchos otros han iniciado o se encuentran enfrascados en largos y tortuosos procesos judiciales.

"Es difícil cifrar con precisión cuántos afectados hay en la provincia, porque cada vez aparecen más y todos los casos no son iguales, pero sólo con los de Alicante y Arenales del Sol ya sumamos 5.000", recalca Del Amo.

La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas agrupa a más de 20.000 propietarios de toda España, de los que 5.000 proceden de Alicante. Su crecimiento tiene trazas de récord Guiness, pues se constituyó a principios de año en Valencia con unos 2.000 afiliados y tres meses de después ha multiplicado por diez esa cifra, lo que para Del Amo es una señal inequívoca de "la inseguridad jurídica que se ha creado y la arbitrariedad con la que el Ministerio de Medio Ambiente ha aplicado la Ley de Costas de 1988 durante el mandato de Cristina Narbona.

La reestructuración que ha sufrido el Ministerio, ahora de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y el cambio de inquilina, ha abierto un compás de espera. "Hasta la fecha habíamos pasado por todos los cargos intermedios sin sacar nada en claro, así que ahora vamos a pedir directamente una reunión con la nueva ministra (Elena Espinosa)", señala Del Amo.

Son varias las cuestiones candentes, entre ellas la ambiguedad de la ley, que provoca que la delimitación de la parte de litoral propiedad del Estado dependa de criterios tan volubles como el nivel máximo del agua tras un temporal. Con todo, la mayor amenaza de la que quieren salvaguardarse es de la aplicación de la ley con carácter retroactivo, "que a todas luces es inconstitucional", subraya Del Amo.

La coordinadora de la Plataforma sostiene que el Gobierno ha empezado a tramitar expedientes para apropiarse de "construcciones completamente legales que se levantaron mucho antes de que se aprobara la ley del 88".

Durante la pasada legislatura, el Gobierno derribó medio centenar de construcciones en las costas de la Comunitat Valenciana, y aproximadamente la mitad estaban localizadas en el litoral alicantino. No obstante, buena parte de esas demoliciones llegaron previo acuerdo de compra con los propietarios o afectaban a inmuebles que estaban bajo concesión administrativa y no en régimen de propiedad.

Las últimas se produjeron el pasado 27 de marzo en la playa Babilonia de Guardamar. Las excavadoras derribaron seis chalés, que tras los cinco derruidos en la zona en los últimos cuatro años ya sólo dejan dos en pie en la zona. Pese a que desde la Dirección Provincial de Costas se aseguró que la actuación se hizo previo acuerdo con los propietarios, éstos lo negaron. Del Amo afirma que pese a no haber podido hablar con los afectados, le consta que "fueron desalojados antes de que expirara la concesión".