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JORDI MAURA
Martes, 22 de abril 2008, 04:56
El Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Benicarló están próximos a rubricar un convenio por el que se ofrecerán permutas de terrenos a los propietarios de viviendas situadas en la primera línea de costa con el objetivo de poder eliminar estos inmuebles.
El acuerdo, además, dotaría a las partidas litorales del Riu, Surrac y Aiguaoliva de una defensa urgente en todas las zonas más degradadas por un lado y, por otro, ayudará a despejar de viviendas y construcciones la línea marítimo-terrestre del municipio.
En este sentido, el pacto entre Costas y el Ayuntamiento plantea la posibilidad de que las viviendas que contaran con licencias de obras, expedidas antes o conforme al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, podrían permanecer dentro de la zona pública.
No obstante, la permanencia de dichas construcciones está condicionada a la imposibilidad de llevar a cabo cualquier actuación que implique la alteración de su estado o el aumento de la volumetría existente ahora.
Otra de las posibilidades que se ha abierto en la negociación es que los propietarios de las viviendas puedan quedarse durante 30 años en la zona y hacer una reserva de suelo en el desarrollo del PAI previsto por el futuro PGOU del municipio, y después trasladarse tierra adentro pasado este período, dejando así libre la zona de afección ocupada.
Por su parte, las viviendas que carezcan de este tipo de licencia estarán condenadas al derribo. Según explicó el concejal de Urbanismo y alcalde en funciones, Antonio Cuenca, "la adopción de este acuerdo se ha considerado a tenor de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas de 1988.
En este punto de la normativa se cita que las "obras e instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, sin la autorización o concesión exigible con arreglo a la legislación de costas entonces vigente, serán demolidas cuando no proceda su legalización por razones de interés público", pero que deja "al amparo de licencia municipal" su legalización.
Expropiación sin remedio
La presencia de viviendas en la línea de dominio público marítimo terrestre quedaría de esta manera fuera de ordenación y abocadas a la expropiación por parte de Costas "por el valor real de las edificaciones en el momento en el que se ejecutara", según explicó el responsable del área de Urbanismo del municipio.
Se trata del compromiso aceptado por Costas a pesar, admitió Cuenca, que la "Ley dice que la zona marítimo-terrestre está declarada de utilidad pública a efectos de la expropiación de todos los bienes". En el marco de un Programa de Actuación Integrada que contempla el Concierto Previo de la localidad castellonense.
Cabe recordar que la erosión marina en esta zona del litoral benicarlando se intensificó notablemente como consecuencia de la construcción de las infraestructuras portuarias de Vinaròs, ubicado al norte del municipio.
En este sentido, el responsable de Urbanismo de Benicarló señaló que "Costas realizará acciones de defensa de la zona más dañada con una acción urgente, pero que deberán estar totalmente expedidos los seis metros de paso de ribera para poder hacer las actuaciones". En algunos casos distintas viviendas ocupan acantilados en esta franja.
El Concierto previo de Benicarló, de acuerdo con un estudio preliminar favorable de la Conselleria de Infraestructuras, incluye la ampliación del puerto, una decisión tomada sin consultar en Peñíscola que también tramita el suyo y también sin valorar los cambios en la dinámica del litoral.
Esta reivindicación, según el Cuenca, "se justifica en la defensa de los intereses de Benicarló y en la necesidad de amarres". "El Consistorio considera que cada municipio debe hacer lo que estime pertinente", concluyó.
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