La inmobiliaria valenciana Cosesa suspende pagos por una deuda de 200 millones

La desaceleración del sector inmobiliario, agravada por la crisis financiera, que ha endurecido la financiación sigue provocando duros efectos en las constructoras valencianas.

La última de la lista ha sido Construcciones Serrano, que trabaja bajo la denominación comercial de Cosesa, tiene medio centenar de trabajadores y que cuenta con el amparo de todo un holding familiar.

En esta ocasión no se trata de un advenedizo llegado al calor del boom de principios de siglo, sin experiencia ni profesionalidad. El parón inmobiliario alcanza a una pionera de la construcción, una empresa que tiene 75 años de existencia y cuya reconocida profesionalidad le ha permitido mantener su actividad en las tres provincias valencianas, en especial levantando edificaciones medianas en zonas céntricas de las capitales y bloques residenciales en las localidades más pequeñas.

La empresa tiene reconocida solvencia y sorprenderá en ámbitos del sector porque aparece en los informes comerciales como cumplidora de sus pagos. De hecho, hasta marzo la firma estaba al tanto de sus pagos con proveedores, Seguridad Social, Hacienda y trabajadores.

Con el parón de ventas empezaron las dificultades para manejar las financiación de las últimas promociones. El retraso en colocar las viviendas terminadas demoró también la llegada de unos ingresos e interrumpió el ciclo habitual de movimientos de liquidez.

Tras los primeros signos de falta de flujo financiero la empresa inició las negociaciones con entidades financieras para poder sostener la actividad al ritmo necesario para cumplir los compromisos con proveedores y clientes. No sólo resultaba difícil conseguir financiación sino que además los costes financieros con los que tenía que manejarse en la actividad diaria habían subido mucho, lastrando el desarrollo del negocio.

El empeño de vender viviendas se tornó perentorio, pero la situación del mercado no era propicia para las transacciones inmobiliarias. Había que realizar activos, pero ni las fincas ni los suelos encontraban comprador. Ante este panorama, llegó un momento en el que seguir esperando inyección de liquidez ponía en riesgo la propia empresa.

Finalmente, ante la evidencia de que no podían hacer frente a los créditos que vencían, los propietarios de la firma, miembros de la familia Serrano, optaron por pedir el amparo judicial voluntariamente y evitar así que pueda instarlo un acreedor. Ayer resultó imposible poder contactar con Pascual Serrano, presidente de la compañía, para que ofreciera su versión de la situación que atraviesa la firma.

Informes comerciales de la compañía este año estimaban que la situación financiera no era de riesgo. Se calificaba como "excelente" su situación de tesorería y su trayectoria empresarial y de "suficiente" su rentabilidad. Se reconocía, eso sí un endeudamiento "pesado", pero no se registraba ninguna incidencia en cumplimiento de pagos.

Las referencias financieras que constan en el registro mercantil referidas al año 2006 señalan que la empresa facturó en ese ejercicio casi 33 millones de euros y obtuvo un resultado de 2.768.398 euros. Dispone de un activo estimado de unos 176 millones de euros y el capital social suscrito sobrepasa los 2.348.647 euros.