La Audiencia Nacional anula una expropiación de terreno realizada por el Gobierno en la costa

Una sentencia de la Audiencia Nacional ha anulado un deslinde del dominio público marítimo-terrestre promovido por el Ministerio de Medio Ambiente en el municipio de Bellreguard.

El Ministerio de Medio Ambiente inició en 2003 el proceso para la expropiación y reversión al Estado de un tramo de costa de 747 metros de longitud del municipio valenciano. El expediente se aprobó definitivamente en junio de 2006, habiéndose iniciado la tramitación en octubre de 2003.

La decisión de la Audiencia Nacional deja sin efecto la tramitación del Ministerio de Medio Ambiente, aunque permite la posibilidad de que se pueda abrir un nuevo expediente, pero, en cualquier caso, tendrá que ser resuelto en el plazo máximo de 24 meses.

Según explicó el abogado del Ayuntamiento de Bellreguard, José Ortega, la sentencia sienta precedente "y puede abrir una cascada de recursos, ya que la Administración hasta el momento ha actuado sin tener en cuenta el cumplimiento de los plazos".

La decisión de la Audiencia Nacional se basa en que, tras una modificación legislativa de 2002, el Ministerio de Medio Ambiente únicamente dispone de un plazo de 24 meses para tramitar los expedientes de un deslinde. Si sobrepasa este periodo, puede ser anulado por los tribunales.

La sentencia aclara que su decisión no se refiere "ni a la delimitación de la línea de deslinde ni a la anchura de la servidumbre de protección", sino "a la posible caducidad del expediente (lo que conlleva, a juicio de la parte recurrente, graves irregularidades que generan indefensión a las partes), así como la nulidad del procedimiento por haberse tramitado sin dar suficiente audiencia a los recurrentes".

Además, la decisión de la Audiencia Nacional, recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, rechaza la argumentación del Ministerio de que los expedientes de deslinde "no están sometidos a caducidad". La sentencia deja claro que desde la modificación legal de 2002 el criterio ha variado.

El abogado explicó que la sentencia acabará con situaciones como la que se ha producido en el Saler, donde se ha tardado más de 13 años en aprobar el deslinde. "El Ministerio de Medio Ambiente va a tener que cambiar de política si quiere continuar con las expropiaciones en el litoral", aclaró el abogado.

José Ortega explicó que cuando se empieza la tramitación de un deslinde se establece la suspensión temporal de licencias, "que en una mala práctica llega hasta las licencias de obras, de forma que si la casa sufre un desperfecto no se puede arreglar".

"Si la tramitación se extiende en el tiempo, como ha pasado en muchos casos, se produce una situación de inseguridad jurídica entre los afectados que ven que no pueden hacer nada con sus propiedades", explicó el abogado. "Los dueños de los inmuebles se encuentran con las manos atadas hasta que el Ministerio toma una decisión", apuntó,

El abogado acusó a la Administración de haber actuado en varias ocasiones con "arbitrariedad" y señaló que el Ministerio de Medio Ambiente "tiene miedo a su torpeza y a su falta de capacidad para acabar la tramitación de un expediente en sólo un periodo de dos años y por ello se niega a reconocer el plazo fijado por la ley".

Según Ortega, el Ministerio de Medio Ambiente ha podido cometer "algunas arbitrariedades en el caso del deslinde del Saler porque no se atreve a cerrar el expediente, como tendría que hacer, para abrir otro nuevo, ya que sólo dispondría de dos años para realizar el deslinde". "La propia Administración tiene miedo a la ley", sentenció el letrado.

Entre las posibles irregularidades cometidas en las expropiaciones del Saler, Ortega aclaró que en varias ocasiones "el Ministerio de Medio Ambiente ha actuado primero y después ha presentado las pruebas, además de hacerlo sin tiempo para que los afectados puedan recurrir". En concreto se refirió a la presentación de un estudio geomorfológico que la Administración tardó un año en realizar y sólo dio diez días para presentar alegaciones.

Ortega, que ha conseguido el archivo del deslinde de Oliva sur, Alcocebre y otros dos en la costa de Asturias, representa también a la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas que mantiene varios frentes abiertos contra el Ministerio de Medio Ambiente.

Entre otras actuaciones, ha acudido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar la situación a la que están siendo sometidos muchos propietarios. Por otro lado, mantienen acciones legales contra algunas decisiones del Ministerio de Medio Ambiente.

Además, varios dueños de inmuebles afectados han acudido a sus embajadas en busca de ayuda. En cualquier caso, Ortega manifestó su esperanza de que con la llegada de un nuevo equipo a la Dirección General de Costas "la situación se pueda normalizar".

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