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Domingo, 4 de mayo 2008, 04:28
en corral ajeno
Cada vez son más los municipios pillados por la desaceleración económica o como quiera que se llame eso. Benidorm, por ejemplo, que desembolsa casi cuatro millones anuales en intereses bancarios, a fin de reducir gastos ya ha suspendido actividades como la feria del Empelo y la Feria Joven y otras como el Maratón y el Medio Maratón deportivos.
Castellón, al decir del líder de la oposición socialista, Juanma Calles, "está en bancarrota", aunque luego, vistos en detalle los números, el agujero económico se concreta en 30 millones aún pendientes de cobro y en la deuda de 27 millones que tienen con el consistorio de La Plana otras administraciones. En cualquier caso, el alcalde, Alberto Fabra, prevé que los impuestos directos suban al menos el 6 por ciento anual de aquí al 2011, que se congele la plantilla municipal y se revisen algunas concesiones administrativas.
Todo eso, aunque parezca mentira, es la visión optimista del problema. Hace un par de semanas, Javier Abietar realizaba un esclarecedor trabajo en LAS PROVINCIAS sobre la presunta caída de los ingresos municipales. En él, el presidente de la Diputación valenciana y alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, reconocía con su franca campechanía habitual que el parón inmobiliario podría dejar a los Ayuntamientos sin la mitad de sus ingresos por licencia de obras. El citado trabajo aventuraba que en localidades como Sagunto subiría al 60 por ciento y en la Vall d'Uixó llegaría al 91.
No es, pues, para tomarlo a broma.
Hasta ahora, al socaire de del boom inmobiliario, los Ayuntamientos se han enriquecido a base de las citadas licencias y del subsiguiente impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) que venía a continuación. Gracias a ello, donde hace treinta años apenas si había dos guardias municipales y faltaba hasta asfaltado público, ahora existen nutridas plantillas de policía local y no queda pueblo sin piscina pública, polideportivo y otros sofisticados servicios. ¿Quién va a seguir pagando todo eso?
De momento, el famoso superávit del Estado está para otras cosas: para la devolución de los 400 euros prometida por Rodríguez Zapatero y Pedro Solbes, para la financiación de hipotecas y para la reactivación del consumo. Claro que alguien tan poco sospechoso como el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ya ha vaticinado que a ese ritmo en año y medio nos quedaremos sin superávit. ¿Y luego, qué? Pues el endeudamiento.
Para hacerse cargo esos dineros ajenos ya están pendientes las comunidades autónomas, algunas con insuficiencia financiera tan grave e injusta como la valenciana, tal como recuerdan un día sí y otro también Francisco Camps y su vicepresidente Vicente Rambla. En plena discusión actual sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, no habrá por consiguiente un duro para los Ayuntamientos, aunque su déficit se dispare como un cohete.
Anticipándose a los agobios de ahora, Rita Barberá, cuando presidía la Federación Española de Municipios y Provincias, le tomó la palabra a José María Aznar de que el gran problema pendiente de este país era el de la financiación municipal. Pero el mutuo recelo de los dos grandes partidos nacionales impidió que las palabras acabaran transformándose en hechos.
Por eso, los Ayuntamientos, como mendigos que huronean en los cubos de desperdicios, arramblan con lo que pueden. Más de 350 Ayuntamientos españoles, entre ellos el ilicitano, han comenzado a cobrar a las compañías de móviles el 1,5 por ciento de sus ingresos a cuento de las antenas colocadas en su término urbano, en una decisión dudosamente legal.
Lo que, en cambio, no ofrece duda es la subida de tasas como el servicio de agua, los vados municipales, la recogida de basuras y el sempiterno IBI. Algún munícipe, como el tosco alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, se curó en salud subiéndolo un 19 por ciento en octubre pasado, con tan mala fortuna que lo hizo a las veinticuatro horas de que el líder de su partido, Mariano Rajoy, prometiese bajar los impuestos si llegaba a presidente. Es la única vez, que yo sepa, que una medida municipal ha cabreado tanto a los votantes del PSOE como a los del PP.
En este panorama de vacas flacas que se avecina, no está la cosa para frivolidades, como la de avalar clubes de fútbol en descomposición, que no son más que empresas privadas mal gestionadas. ¿Por qué ha de echar un cable Rita Barberá al Levante y hasta a Juan Soler, cuando dentro de poco todos tendremos que apretarnos el cinturón?
Les emplazo, pues, a volver sobre este espinoso tema en un plazo no muy lejano.
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