El Consell solicitará la inejecución de la sentencia del TS sobre la reversión del teatro romano de Sagunto

El Consell presentará, a través de la Abogacía de la Generalitat, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un incidente de inejecución de la sentencia que determina la reversión en 18 meses de las obras de rehabilitación llevadas a cabo por los arquitectos Grassi y Portaceli por, entre otras razones, "imposibilidad legal", "riesgos" para la seguridad y la dificultad de mantener el uso cultural que actualmente tiene el monumento.

Así se anunció hoy tras la última reunión mantenida por la comisión interdisciplinar formada para analizar los informes sobre el monumento y las posibilidades de ejecución del fallo judicial, dictado por el TSJCV y confirmado por el Tribunal Supremo. Este organismo emitió hoy un dictamen en el que se acuerda por unanimidad solicitar al Gobierno valenciano la "inejecución de sentencia utilizando los mecanismos legales existentes".

Después de estudiar diversos informes de carácter jurídico, arquitectónico y arqueológico, la comisión ha llegado a la conclusión de demandar que no se ejecute la sentencia "visto que con su aplicación en ningún caso se devolvería al teatro el estado en el que se encontraba antes de la intervención de Grassi y Portaceli, y además por la importante función social y cultural que el mismo presenta para nuestra Comunitat y junto al principio constitucional de eficiencia en el gasto público", según argumenta el dictamen leído por la consellera de Cultura, Trini Miró.

Una vez emitida la resolución de la comisión, la Abogacía de la Generalitat va a remitir a un escrito al TSJCV en el que se le facilita este dictamen y se le avanza que se pedirá con posterioridad un "incidente de inejecución de sentencia, que requiere a su vez un expediente administrativo para legalizar las obras realizadas en el teatro", según explicó la secretaria autonómica de Política Institucional, Isabel Villalonga. De hecho, hoy mismo la directora de Patrimonio, Paz Olmos, dictará una resolución en la que cual se incoa dicho expediente que, una vez terminado, se adjuntará al tribunal para solicitar que no se lleve a cabo el fallo. Por su parte, el TSJCV será el que tenga "la última palabra" sobre el caso una vez oídas las partes.

El informe de la comisión subraya que "la propia literalidad del fallo muestra determinados puntos problemáticos que dificultarías su ejecución". Así, sobre la orden de derribar el muro de cierre de la escena hasta la cota de 1,20 metros que determina el fallo, la comisión hace notar que, aunque la sentencia hable de un muro "en el teatro Romano existen dos --de los siglos I y II d.C-- que forman una crujía con un espacio interior". Por tanto, "la hipótesis de que se hubiera podido mantener de que la ejecución de la sentencia podría hacer desaparecer el muro y obtener un espacio diáfano se desvanece puesto que todavía quedaría el muro del pórtico exterior".

Además, según refleja un informe de arquitectura "bastante contundente" --al parecer de la comisión-- la demolición del muro conllevaría a su vez la desaparición de los espacios correspondientes a los camerinos y los que deberían destinarse a una "necesaria musealización". De igual modo, habría que derribar un "elemento esencial del teatro romano, como es el tornavoz, que no viene recogido en el fallo, lo cual significaría excedernos en su cumplimiento".

Otra de las razones esgrimidas en el dictamen es la de la seguridad, ya que "los informes técnicos señalan el peligro que podría representar el muro del pórtico por la pérdida de estabilidad con la eliminación de los forjados".

Por lo que respecta a la retirada de las placas de mármol que se superponen a la anterior piedra de la cávea, el dictamen insiste en que "si se procediera a ejecutar el fallo el resultado obtenido impediría el uso social y cultural del teatro, por cuanto quedarían al descubierto un conjunto de rocas y elementos constructivos resultado de más de 40 restauraciones realizadas a lo largo del siglo XX y nos obligaría a una nueva reconstrucción para, en cualquier caso, volver a cubrirlo con otro elemento o material constructivo para facilitar su uso".

Por último, el documento proporciona argumentos de tipo jurídico, poniendo de manifiesto las modificaciones legislativas que se han producido en el ámbito de la Comunitat Valenciana con la entrada en vigor de la Ley 4/1998 de 11 de junio de Patrimonio Cultural Valenciano y sus posteriores modificaciones. En este punto, Isabel Villalonga recordó que las obras de Grassi y Portaceli se hicieron cuando era aplicable la ley estatal de Patrimonio de 1985 que impedía la reconstrucción de monumentos históricos pero, posteriormente, "la Comunitat dictó una nueva norma que permite la reconstrucción bajo una serie de condicionantes".

"Absurdo jurídico"

A su juicio, "esto permite alegar la imposibilidad legal, ya que se considera que si la Generalitat ejecutara la sentencia con la nueva legislación podría volver a hacer lo que en su momento hicieron Grassi y Portaceli y sería un absurdo tanto jurídico como general".

Para Villalonga la vía del incidente de inejecución es "posible y la doctrina así lo ha demostrado", ya que ha habido "muchísimos" ejemplos en materia de urbanismo. No obstante, recalcó, "esto no quiere decir, que se pueda legalizar la resolución que en su momento se dictó autorizando la reconstrucción del edificio porque fue ilegal". "La obra era ilegal en aquel momento, otra cosa es que ahora se pueda legalizar porque la nueva legislación lo permite", sentenció.

Sobre la posibilidad de intentar una vía extrajudicial de acuerdo con el abogado Juan Marco Molines --autor del recurso contra las obras de restauración-- Trini Miró resaltó que "nosotros hemos intentado comunicar desde el primer día con él y no ha habido respuesta". Insistió en que "nosotros estamos actuando de una forma consensuada y ojalá el primer día hubiera venido a hablar porque me hubiera gustado sentarme con él pero, aunque la directora general de Patrimonio le ha llamado en infinidad de ocasiones, no ha habido forma", lamentó.

La comisión interdisciplinar ha estado integrada por la consellera de Cultura, Trini Miró; el presidente del Consell Valenci de Cultura, Santiago Grisolía; la directora general de Patrimonio Cultural Valenciano, Paz Olmos; el alcalde de Sagunt, Alfredo Castelló; el presidente de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, Rom de la Calle; Isabel Villalonga, secretaria autonómica de Política Institucional; Juan Castillo, presidente del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana; y Amadeo Ribelles, director del Centro Arqueológico de Sagunt.

Completan la lista los técnicos, Emilia Hernández, directora del Museo Arqueológico de Sagunt; el técnico de Arquitectura de la Dirección General de Patrimonio Ricardo Sicluna; Consuelo Matamoros, jefa de servicio de Arqueología de la Dirección General de Patrimonio; y la jefa de área de Patrimonio, Carmen Iborra, que actúa además como secretaria de la comisión.