Afectados por expropiaciones en el litoral critican que el Gobierno les obliga a pagar los derribos

La aplicación de un deslinde del dominio público marítimo terrestre por el Ministerio de Medio Ambiente implica que el propietario no solo puede perder la propiedad de un terreno o una construcción sino que encima tiene que correr con los gastos que supone el derribo.

Esta sólo es una de las decenas de quejas que la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que reúne a cerca de 20.000 afectados de toda España, ha presentado en un informe ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.

Fuentes de esta institución indicaron a LAS PROVINCIAS que lo más probable es que la denuncia sea examinada en la próxima reunión de la Comisión de Peticiones, junto a otras de carácter urbanístico, que tendrá lugar la última semana de junio.

Los propietarios han denunciado los supuestos abusos cometidos por la Administración en la aplicación de la Ley de Costas de 1988. Hasta ahora han visto cómo un proceso incoado por el Estado puede arrebatarle su propiedad prácticamente sin compensación. Y todo ello pese a que compraron un terreno o construyeron una vivienda cumpliendo estrictamente la legislación vigente en el momento.

Las denuncias de la Plataforma contra el Ministerio de Medio Ambiente no se limitan al pago de los derribos. El documento recoge, entre, la arbitrariedad de la Administración en la aplicación de la ley, la inseguridad jurídica de los propietarios o la aplicación de la norma con efectos retroactivos, sin respetar el carácter legal que las construcciones podían tener en el pasado.

Una parte destacada del informe se centra en los abusos cometidos por la Administración al unir deslindes con derribos. Dos aspectos que, según el abogado de la Plataforma y redactor del informe, José Ortega, no tienen nada que ver. El documento llega a calificar de "fraude" el hecho de que el Ministerio asocie los dos procesos y encima obligue a los desahuciados a pagar las demoliciones.

La queja expone que los deslindes, según establece la Ley de Costas, se limitan a la recuperación por parte del Estado de la propiedad de unos terrenos o de las edificaciones que haya en ellos. La denuncia explica que, en ningún caso, la recuperación de la propiedad por la Administración implica su derribo.

Además, el informe apunta a que la Administración central está cometiendo actos que "bordean" el delito de coacción. Los funcionarios responsables de Costas, según el informe, "suelen negociar con el abono de los gastos de derribo. Si los interesados renuncian a formular defensa en los expedientes de recuperación posesoria, les perdonan estos pagos, pero si se defienden, les cargan con ellos". Es decir, el coste del derrumbe sirve como una medida de presión hacia los afectados.

Ante ello, ponen de manifiesto las negociaciones emprendidas "por tantos jefes de costas constituyen un fraude y un abuso destinado a despojar a los afectados de su misma dignidad" y puntualizan que el proceder de Medio Ambiente "suena turbio", ya que si la ley exige el pago de los costes ningún funcionario puede dispensar su cobro.

Entre los ejemplos recogidos en el informe se relata el caso del restaurante Pepita en Sagunto, que fue demolido el pasado mes de enero. El Ministerio exigió a los propietarios el pago de 83.000 euros como coste de la demolición a pagar en apenas diez días.

En cambio, los propietarios tenían el presupuesto de una empresa que se comprometía a efectuar la demolición por 8.200 euros, lo que tuvo por finalidad, según el informe, "coaccionar a los interesados para que procedan a derribar voluntariamente, es decir, para que no ejerciten los derechos que les reconoce la ley (...) Se trata de un mecanismo coactivo e ilegítimo que bordea el delito de coacciones".

Los afectados también acusan a la Dirección General de Costas de permanecer indiferente ante la regresión del litoral para así facilitar los posteriores deslindes permitiendo que el mar se vaya introduciendo tierra adentro.

La Plataforma denuncia que la Administración procede a la regeneración de playas "cuando le parece y tramita los deslindes cuando quiere, incluso cuando la regresión de la costa se debe a causas originadas por el propio Estado", como los espigones o puertos.

Acusan al Ministerio de renunciar a la regeneración donde "existen ocupaciones que le parecen ilegales" y permite que la situación se vuelva insostenible para los propietarios y no tengan más remedio que aceptar el deslinde. Hay varios casos en la Comunitat. Arenales del Sol en Elche, la playa de Corinto en Sagunto, el Brosquil en Cullera o Puzol son solo unos ejemplos.

Como consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas, concluye el informe, "la propiedad privada en España no es segura. Ni los propietarios actuales ni los futuros pueden estar seguros de que un deslinde no les privará de sus viviendas, sin que el Estado les dé nada o casi nada a cambio".

Una denuncia que ha levantado las suspicacias de los ciudadanos extranjeros. De hecho la prensa internacional se ha hecho eco de las actuaciones de Medio Ambiente que también ha afectado a propietarios de otras nacionalidades.

La base para formular estas afirmaciones es que la Administración aplica la ley "con arbitrariedad" y sin respetar el derecho de igualdad, restringiendo las posibilidades de defensa mediante "expedientes tramitados en secreto" y viola el principio constitucional de que nadie "puede ser despojado de su propiedad si no es mediante indemnización".

jsanchis@lasprovincias.es