La trama corrupta de Estepona abrió 'oficinas' de cobro en el Ayuntamiento

Dos tramas corruptas en una misma investigación. La operación Astapa ha sacado a la luz sendas redes de cobro de comisiones ilegales diferentes en el Ayuntamiento de Estepona, que disponían de sendas oficinas clandestinas para cerrar los acuerdos, aunque las dos redes tenían con muchos puntos de conexión, según los expertos de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La documentación incautada en los registros del consistorio, que se prolongó hasta la madrugada de este miércoles, y las oficinas de Hacienda y Urbanismo parecen confirmar, en un primer análisis, que el grupo corrupto operaba desde que en junio de 2003 el PSOE llegó a la alcaldía con el apoyo de concejales del Partido de Estepona (PES, ex ) y reeditara las prácticas que ya se realizaban en la época del partido fundado por el fallecido Jesús Gil.

La red corrupta que anidó en el Ayuntamiento de Estepona saltó por los aires el pasado martes, cuando la Policía desató una redada que permitió detener a 26 sospechosos, con el alcalde de la localidad, el socialista Antonio Barrientos, a la cabeza. El Juzgado de Instrucción 1 de la localidad malagueña y la Fiscalía Anticorrupción coordinan a su vez una amplia investigación patrimonial que se extiende a Córdoba, Cádiz, Madrid, Bilbao y San Sebastián, entre otras ciudades.

Las investigaciones realizadas por la Policía Judicial apuntan a que la primera de las , la de mayor envergadura, era la que estaba bajo el mando del propio alcalde, Barrientos, y las personas de su círculo más cercano, como José Flores, su jefe de gabinete y que gestionaba el día a día de esa 'oficina'; el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, y el ex coordinador del Área de Urbanismo, Pedro López Fernández, uno de los cerebros del entramado.

La segunda de cobro era algo más modesta y se creó en fechas posteriores. Estaba dirigida, según la presunción policial, por Arturo Cebrián, uno de los cinco arquitectos municipales de Estepona. Su nombre ya había aparecido en otra investigación sobre corrupción urbanística en la Costa del Sol, la 'operación Hidalgo', relacionado con jugosas recalificaciones de terrenos rústicos.

Licencia de obras

Las dos oficinas clandestinas de cobro tenían sede abierta en los locales del propio Ayuntamiento de Marbella, aunque los pequeños constructores también podía acceder a ellas a través de un número de teléfono. Al otro lado del aparato, una persona que se hacía llamar Raúl indicaba en qué cuentas se podían ingresar los sobornos.

"Ninguna licencia de obras, ningún convenio urbanístico, ninguna recalificación", explican los especialistas de Anticorrupción, recibía el visto bueno si no pasaba antes por esta suerte de "administración paralela" en el Ayuntamiento de Estepona. Los empresarios podían hacer ofertas a cada una de las trama por el mismo 'favor' y luego llegar a un acuerdo económico con ambas o quedarse con el padrinazgo de uno sólo de los grupos, el más barato, señalan los responsables de la investigación.

Multitud de empresas han tributado a estas cajas ilegales. La UDEF centra sus investigaciones en cuatro firmas por el gran volumen de contratos que firmaron con el consistorio: las constructoras Prasa, Codelsa y Agrojardín, y la promotora Valle Romano.

El presidente de Prasa y máximo accionista del Córdoba Club de Fútbol, José Romero González, fue detenido el martes. La juez de Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, le impuso una fianza de 300.000 euros ese mismo día. El Grupo Prasa hizo pública hoy una nota en la que explica que el detenido "ha contribuido a esclarecer los hechos relacionados con la actividad promotora en Estepona".

La UDEF investiga también el papel del ex consejero delegado de la promotora inmobiliaria Valle Romano, Luis Fernando Linares, arrestado también en esta primera fase de la operación Astapa. Esta empresa construye una lujosa urbanización y campo de golf en la localidad con una extensión de 150 hectáreas, y ha mantenido numerosos contactos con el alcalde Barrientos y con sus asesores urbanísticos.

Dos abogados vinculados a Valle Romano fueron detenidos en Bilbao, entre ellos Daniel Delgado Lorenzo. Esta empresa ha patrocinado a deportistas como Fonsi Nieto, que firmó un acuerdo con la promotora y con Barrientos para llevar en el carenado de su moto el nombre de la urbanización y del pueblo en el mundial de Superbikes.

Entre las personas arrestadas también están dos conocidos empresarios locales, los hermanos Vicente y Félix Delgado, propietarios de la constructora Codelsa; y el dueño de Agrojardín, José Antonio Bazán.

Los investigadores policiales ya tienen en su poder copias de todos los convenios urbanísticos firmados por el ayuntamiento desde 2000 y apuntes de lo que podrían haber sido las comisiones millonarias por recalificaciones y permisos. Pero todavía expurgaban este miércoles contrarreloj los cientos de documentos incautados en el ayuntamiento y en los departamentos de Hacienda y Urbanismo para saber qué papel pudieron jugar en la trama varios de los concejales y asesores del consistorio detenidos y, sobre todo, conocer si participaron activamente de las corruptelas.

Mientras, varios de los responsables de la Gerencia de Urbanismo desde 2003, en la que trabaja la hija del presidente del Senado, Patricia Rojo, han pasado a convertirse en testigos, confidentes o colaboradores de la UDEF en esta investigación. El propio concejal de Urbanismo de Estepona, Rafael Duarte, guió el lunes a los agentes durante los registros.