El Gobierno ve necesarios los exámenes de Ciudadanía

El Ministerio de Educación presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana un recurso contra la orden del Gobierno autonómico que regula la enseñanza de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

El objeto de este recurso es impedir que la nueva asignatura se pueda aprobar realizando trabajos trimestrales, tal y como contempla la normativa autonómica para quienes presenten objeción a cursar la materia con clases presenciales.

En ningún caso, y lo deja claro el Ministerio de Educación, la finalidad de recurrir ante los tribunales de justicia es que se imparta en otro idioma. En este sentido la secretaria de estado de Educación, Eva Almunia, argumentó que Ciudadanía "la podrán dar en inglés, valenciano o castellano".

El problema jurídico, a su entender, es que "divide a los alumnos y asume competencias propias de los centros educativos y de los profesores, debido a las dos opciones diferentes para impartir la asignatura".

Además, argumenta el Ministerio, que por ello "sólo prepara refuerzo educativo para los alumnos de una opción, no para las dos".

El Gobierno central deja de esta forma en evidencia la postura de sindicatos de profesores y padres de alumnos cuya oposición a la orden del Consell se basa, con exclusividad, en el aprendizaje en lengua inglesa.

Y no sólo a estos sectores educativo sino a su propio partido, PSPV, que se ha dedicado, junto al resto de partidos de izquierda, a criticar duramente al Consell por el tema del inglés.

Según el Departamento que dirige Mercedes Cabrera, se ha solicitado la suspensión cautelar de la orden del Consell al entender que "incumple la normativa básica del Estado, porque perjudicaría a los alumnos que cursen esta materia".

El Ministerio mantiene, además, que la Consellería regula medidas relacionadas con la objeción de conciencia a esa asignatura, en contra de la LOE, de la Constitución y de numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, "que en ningún caso autoriza esta posibilidad".

En ese sentido, la secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, pidió al consejero de Educación de Valencia "respeto a la Ley y a la comunidad educativa".

Añadió que la "primera condición que establece el Ministerio para poder llegar a un acuerdo con el Ejecutivo valenciano sería que éste "anunciase la retirada de la orden". De esta forma, los centros educativos de esta comunidad podrían "poner en marcha" la asignatura, "como lo han hecho siete comunidades autónomas", el pasado curso.

Almunia recordó que esa "ocurrencia" comenzó anunciando que darían la asignatura en inglés, después planteó dos opciones "que perjudican a los alumnos y ha terminado provocando el enfrentamiento de toda la comunidad educativa".

La Orden de la Consellería de Educación, según el Ministerio, no recoge los aspectos básicos de la asignatura contemplados en la LOE, que garantiza unas enseñanzas mínimas y comunes para todo el Estado que permiten, entre otras cosas, la movilidad de los alumnos.

Al articular dos opciones diferentes para la Ciudadanía, la Consellería asume competencias que corresponden de manera exclusiva a los centros educativos: la organización y el proyecto educativo propio, según el Ministerio.

Los contenidos, objetivos y criterios de evaluación de una asignatura obligatoria son aspectos básicos regulados por una Ley Orgánica "y no pueden alterarse", añadió.

La secretaria de Estado señaló que es "más necesario que nunca" llevar a cabo el recurso por la "incertidumbre" generada en la comunidad educativa valenciana.

Repuesta de la Conselleria

Desde la Generalitat la respuesta fue inmediata. La secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, reiteró que la orden "es plenamente legal y está en plena vigencia, ya que cumple con todos los requisitos de la legislación vigente".

Gómez explicó que quien tiene la potestad legal y la legitimidad para determinar cómo se imparte una asignatura en la Comunitat Valenciana es el Consell "dentro del marco de la LOE", por lo que consideran que la orden "se ajusta estrictamente a la ley".

La secretaria autonómica abundó en que el Consell cumple con el desarrollo de la asignatura, "por lo que no es de recibo que los mismos que obligan a cumplir la LOE luego pretendan saltarse las normas autonómicas porque no resultan de su agrado".

Gómez remarcó que esta iniciativa "no es una ocurrencia sino que está estudiada y analizada a fondo a partir de informes jurídicos".

Recordó que en el momento en que se hizo público que Ciudadanía se impartiría en inglés, "a la ministra le pareció perfectamente correcta la medida dentro del plan de aprendizaje de ese idioma".