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Z. SANZ
Domingo, 6 de julio 2008, 04:20
El abogado del Estado ha interpuesto un recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anula el deslinde del dominio público marítimo terrestre de Bellreguard impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente.
La modificación de la franja marítima que plantea el Ministerio supone la expropiación y reversión al Estado de un tramo de costa de 747 metros de longitud. La finalidad es evitar tanto la regresión de arena como la entrada del agua en el paseo y en las viviendas ante los temporales.
El letrado ha anunciado el recurso ante la Audiencia y esta lo remitirá posteriormente al Tribunal Supremo para que resuelva. La Audiencia Nacional anuló el deslinde de Bellreguard por asuntos de forma: la tramitación del expediente superó los plazos permitidos por la normativa.
Todavía es pronto para conocer los motivos por los cuales el abogado del Estado ha decidido recurrir el fallo de la Audiencia Nacional porque el recurso aún no está razonado. Sin embargo, podría estar en contra de la declaración de nulidad al considerar que el plazo de tramitación del deslinde ha de superar los 24 meses que marca la ley.
La ley de Costas, reformada en 2002, señala que los expedientes de deslindes han de gestionarse en 24 meses. En el caso de Bellreguard el plazo se sobrepasó. La Audiencia Nacional tuvo en cuenta la caducidad, por lo que anuló la resolución del deslinde.
El expediente en este municipio de la Safor se aprobó definitivamente en junio de 2006 habiéndose iniciado el proceso para la modificación de la línea de costa en el año 2003, con lo cual la tramitación ha durado tres años.
Diez años de tramitación
El abogado del Ayuntamiento de Bellreguard, José Ortega, explicó ayer a LAS PROVINCIAS que anteriormente a la ley del año 2002 los expedientes por deslindes se tramitaban en plazos de tiempo muy extensos. La media oscilaba entre ocho y diez años; y en algunos casos hasta 18 años.
"Todo esto era un descontrol y un gran inconveniente porque supone mucho tiempo, y en todo este tiempo, la gente compra y vende casas, y el expediente siguen en marcha", argumentó Ortega.
Críticas a la Administración
El letrado del Consistorio de Bellreguard criticó duramente el recurso de casación interpuesto ahora por el abogado del Estado, ya que cree que la Administración "debería ser neutral y no portarse como una parte". Ortega agregó que el abogado del Estado "está defendiendo al Ministerio, con lo cual no actúa con objetividad".
La defensa del Ayuntamiento señaló que no entiende por qué recurre el letrado del Estado, ya que la Audiencia Nacional, al anular el deslinde, "lo que ha hecho ha sido cumplir la ley".
Ortega remarcó que es peligroso que el recurso de casación progrese, ya que la Administración podría seguir tramitando expedientes "durante años y años" y "tenerlos guardados en los armarios todo este tiempo".
En definitiva, "lo que quiere el abogado del Estado con el recurso es instaurar un régimen administrativo propio de África y que Costas siga teniendo bula para hacer lo que le da la gana".
De esta manera, según Ortega, la sentencia de nulidad de la Audiencia Nacional puede sentar precedente (si no prospera el recurso de casación), ya que puede abrir una cascada de recursos.
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