Una europarlamentaria holandesa pide que se investigue al Ejecutivo español

Un informe de la eurodiputada holandesa Ria Oomen-Ruijten pide a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que investigue la situación que se está produciendo en España por la aplicación de la Ley de Costas.

La europarlamentaria Oomen-Ruijten considera que la petición presentada por la Plataforma Nacional de Costas es admisible por parte de la Comisión de Peticiones. Además, sugiere que se pida más información para saber si las acusaciones formuladas en el informe remitido a la Unión Europea responden a la realidad.

En un breve informe, la eurodiputada holandesa señala que los peticionarios denuncian la aplicación "abusiva" de la Ley de Costas, "lo que habría causado serios perjuicios a las propiedades y sus propietarios".

Se muestra conforme con la petición formulada por la plataforma de que el Gobierno español, con la aplicación de la normativa, podría haber "infringido" el artículo 44, 2 del Tratado de la Comunidad Europea por el que se permite que ciudadanos de países pertenecientes a otras naciones integrantes pueden comprar y utilizar libremente "tierras y edificios situados en el territorio de otro miembro de la Unión".

La parlamentaria holandesa recuerda que los peticionarios denuncian la posible aplicación retroactiva de la ley, "lo que ha llevado a la demolición propiedades construidas legalmente a lo largo de las costas españolas".

Oomen-Ruijten destaca también que el informe remitido por la Plataforma Nacional de Afectados a la Comisión de Peticiones hace hincapié en el hecho de que numerosos propietarios, tanto españoles como de otros países miembros de la Unión Europea, "han visto sus edificios demolidos sin compensación y antes de que los jueces pudieran dictaminar sobre la aplicación de la ley".

La diputada europea también resalta del informe el hecho de que el Gobierno español podría haber infringido "la legislación nacional sobre los derechos de propiedad".

Hasta el momento el Ministerio de Medio Ambiente no ha se ha manifestado sobre las denuncias de la plataforma.

Pero la nueva ministra cesó al anterior director general de Costas, José Fernández. El nombramiento de su sucesora, la valenciana Alicia Camacho, se ha pospuesto más de un mes. La designación ha sido considerada como un gesto y un signo de que el departamento de Elena Espinosa va a suavizar su política en la realización de nuevos deslindes que han levantado una fuerte alarma social.