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M. AUCEJO
Miércoles, 16 de julio 2008, 04:59
La aplicación de la Ley de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que exige la reducción de las terrazas del paseo marítimo de Puerto hasta alcanzar 50 metros cuadrados, ya se ha cobrado sus primeras consecuencias. Y es que los dueños de los establecimientos afectados han tenido que contratar menos empleados. En algunos casos el número de trabajadores se ha reducido a la mitad.
Esta es la situación que padece la heladería El Paseo. "De ocho trabajadores que teníamos en un principio hemos pasado a cuatro y de 150 metros cuadrados de terraza ahora nos hemos quedado con 50 metros cuadrados", ha apuntado José Espín, que regenta este establecimiento.
Además, los beneficios se han reducido y algunos de los siete locales afectados por esta ley han decidido no abrir.
Otro de los restaurantes que se encuentra en esta misma situación es Plenamar que ha visto mermado su perímetro de terraza de 300 metros cuadrados hasta ocupar sólo 50. Una circunstancia que ha reducido el número de contratos en periodo estival. "Se ha contratado menos gente porque la necesidad también ha disminuido", apuntan desde este establecimiento.
Asimismo han afirmado que "los beneficios han decrecido pero tenemos una ventaja ya que contamos con un local de 100 metros cuadrados y se compensa con la reducción de la terraza aunque en verano la gente prefiere estar fuera que un espacio cerrado", han declarado desde Plenamar.
Este establecimiento hostelero ha gozado de una concesión de 30 años desde 1975 que ya ha caducado por lo que se encuentra a la espera de que le concedan otra cesión por 15 años más, el máximo que permite la ley.
Y es que la delimitación marítimo y terrestre de la Demarcación de Costas afecta al paseo marítimo de Puerto incluyendo la avenida Mediterráneo lo que supone que el paseo, el campo de fútbol del Menera o el Casino Cultural, entre otros inmuebles, se consideren de dominio público.
Para el abogado José Ortega, que lleva los casos de los afectados por la Ley de Costas, esta es una situación "obsoleta ya que esta normativa se debe aplicar cuando hablamos de unos terrenos que cumplen una función de servicio a la ciudad. Es un absurdo intentar aplicar esta normativa estrictamente al paseo de Sagunto", ha afirmado.
Solución planteada
Por ello, Ortega propone "que se aplique la desafectación de esos terrenos lo que originaría que pasasen de ser de dominio público al Ayuntamiento", ha apuntado este abogado.
Cabe recordar que el Consistorio saguntino aprobó por unanimidad, en un pleno de 2006, un dictamen municipal en el que rechazaba la nueva delimitación de Costas que en Almardá afecta a viviendas catalogadas como zonas urbanizables en el PGOU de 1992.
Una circunstancia que fue decisiva en la pérdida de la bandera azul en Almardá, hace dos años, y que ha imposibilitado su recuperación dada la ocupación a la que Costas hace alusión.
Situación surrealista
Según apunta el abogado, José Ortega "estamos en una situación surrealista en toda España". Una problemática que ha llevado a la creación, el pasado 7 de enero, de una Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas que ya cuenta con cerca de 6.000 afectados en toda España.
Además ya están adscritos los propietarios del restaurante Pepita, que Costas derribó el pasado 12 de diciembre, así como los vecinos de las playas de Almardá y Corinto. Dos de los centenares de damnificados que existen en el municipio de Sagunto.
Ante esta problemática, algunos de los hosteleros afectados en la reducción de sus terrazas han apuntado que "la idea es que nos unamos a este colectivo si antes no llegamos a un acuerdo con Costas", afirma José Espín. Por el momento, los empresarios tienen prevista una reunión para decidir qué postura tomar.
morvedre@lasprovincias.es
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